Una deuda de 60 mil dólares y negocios inmobiliarios en el exterior se convirtieron en la nueva pista que dio Gustavo Ezequiel Arroyo (36) en su indagatoria por el crimen de Cecilia Andrea Iraola (53). La mujer fue asesinada este lunes, cuando, desde una moto, un hombre atacó a tiros su casa de Beccar, en San Isidro.
En la puerta quedaron cuatro impactos y, sobre la reja, otros tres. Una de esas balas hirió a Iraola en el abdomen y terminó muerta.
La causa judicial quedó a cargo de la fiscal de San Isidro Carolina Asprella, quien descubrió que el hijo de la víctima, Matías (27), le había vendido recientemente un BMW al ahora imputado.
Según quedó acreditado en el expediente, el vehículo presentó fallas mecánicas, lo que generó una disputa entre el vendedor y el comprador, que le exigía la devolución de 10 mil dólares.
El entredicho se fue agravando y terminó en amenazas contra el hijo de Iraola, por las que el joven se habría ido a Costa Rica.
A partir de la documentación secuestrada y la declaración de testigos, los investigadores identificaron a Arroyo (36) como el principal sospechoso, allanaron su casa de Escobar y lo detuvieron.
Este martes, la fiscal Asprella indagó al detenido, quien dio su versión de los hechos. Fuentes consultadas por Clarín confiaron que Arroyo se refirió a «negocios» y una «deuda de 50 o 60 mil dólares» con el hijo de Iraola, pero, aclararon, que estos datos aun no fueron acreditados en el expediente.
Arroyo quedó complicado por la ubicación que registró su teléfono celular, que lo coloca en la zona del crimen al momento de los hechos. «Dijo que no lo amenazó. Niega su participación en los hechos, pero reconoce la existencia de deudas y haber estado en la zona. También haber pedido colaboración», explicaron a Clarín.
Las fuentes señalaron que esa «colaboración» la solicitó a Pablo Guillermo Ragni (53), quien para los investigadores fue el motociclista que disparó contra la casa de la víctima.
Esta persona fue identificada gracias a la patente de la moto utilizada y creen que se escapó por los fondos de su casa en José León Suárez cuando la Policía llegó a realizar el allanamiento.
De acuerdo a las fuentes policiales consultadas por Clarín, este sospechoso cumplía prisión domiciliaria por una condena y tenía una tobillera electrónica: la cortó cuando el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de la Policía Bonaerense entró a su casa.
Ragni estuvo preso entre 2015 y 2019 en la Unidad N°9 de La Plata, en la Alcaidía Penitenciaria de Junín y con tobillera electrónica en una causa «por drogas», según explicaron a Clarín. También estaba procesado con prisión domiciliaria en una causa del fuero federal de San Isidro que también estaría vinculada al narcotráfico.
A su vez, los investigadores establecieron que esta no fue la primera vez que amenazaron y atacaron a la familia Iraola. En otra oportunidad un desconocido habría arrojado una bomba Molotov contra una de sus joyerías de la mujer en San Fernando.
Por su parte, la víctima había sufrido un ACV, por lo que pasaba más tiempo en su casa y no atendía su comercio con tanta frecuencia.
AA