El descarrilamiento de un tren de alta velocidad en Toledo, el segundo en menos de un año, generó tensiones políticas y cuestionamientos a la gestión del Ejecutivo español.
Un accidente ferroviario ocurrido en Toledo se convirtió en el segundo siniestro de gran magnitud en la red de alta velocidad española en menos de un año, tras el precedente de Adamuz. El hecho ocurre en plena campaña para las elecciones del 29 de noviembre.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó públicamente: “No es asumible sufrir dos accidentes ferroviarios de alta velocidad en un mismo año”. Agregó: “Hay una confianza quebrada en el sistema de alta velocidad en nuestro país y la labor del Gobierno no es solamente hacer el diagnóstico, conocer cuáles son las causas, sino ofrecer soluciones para que una tragedia de esta magnitud, como ayer dijo el jefe del Estado, el rey Felipe VI, no vuelva a suceder”.
El presidente optó por mantener en el cargo al ministro de Transportes, Óscar Puente, señalado por la gestión de la crisis.
El Partido Popular exigió responsabilidades políticas “al máximo nivel” y registró formalmente una petición de comparecencia urgente de Sánchez ante el Congreso, argumentando que las responsabilidades políticas e institucionales “no terminan en Óscar Puente”.
Sectores de los partidos a la izquierda del PSOE exigieron transparencia y depuración de responsabilidades, ante el temor de que la crisis de infraestructuras y la percepción de fallos en la gestión pública afecten la confianza del electorado.