El femicidio de Aixa Dana Mili, de 20 años, en Dique Luján, Tigre, a fines de septiembre, volvió a exponer las fallas en el sistema y poner bajo la lupa las medidas de protección para las víctimas de violencia de género. La joven había denunciado a su expareja, Alejandro Sofía, y contaba con un botón antipánico. No era el primer episodio de violencia: Sofía ya había estado detenido por lesiones leves y amenazas coactivas contra Aixa. Tras el crimen permaneció prófugo hasta este jueves, cuando fue capturado en la vivienda de su abuela. Quedó a disposición de la UFI de Género y Abuso Sexual de Tigre, a cargo de Mariela Miozzo.
El femicidio de Aixa Dana Mili, de 20 años, en Dique Luján, Tigre, a fines de septiembre, volvió a exponer las fallas en el sistema y poner bajo la lupa las medidas de protección para las víctimas de violencia de género. La joven había denunciado a su expareja, Alejandro Sofía, y contaba con un botón antipánico. No era el primer episodio de violencia: Sofía ya había estado detenido por lesiones leves y amenazas coactivas contra Aixa. Tras el crimen permaneció prófugo hasta este jueves, cuando fue capturado en la vivienda de su abuela. Quedó a disposición de la UFI de Género y Abuso Sexual de Tigre, a cargo de Mariela Miozzo.
Cerca de 200 víctimas de femicidios y otras formas de violencia letal por razones de género fueron registradas en el país durante los primeros nueve meses del año. La seguidilla de crímenes volvió a poner el foco en la violencia de género y, especialmente, en las respuestas que encontraron las víctimas cuando buscaron ayuda. Camila Castro, Camila Vecchiarello, Mónica Ligorria, Romina Cardozo y Aixa Dana Mili fueron algunas de las mujeres asesinadas en distintos puntos del país.
Ada Rico, presidenta de La Casa del Encuentro, advirtió que varios de estos casos tienen un punto en común: las mujeres habían logrado denunciar y accedieron a medidas de protección, pero siguieron expuestas a sus agresores. En diálogo con PERFIL, puso el foco en las fallas del sistema judicial y advirtió que una cautelar «no puede limitarse a una notificación» cuando la víctima está en riesgo.
Septiembre, otro mes marcado por femicidios
Septiembre de 2026 dejó 27 nuevas víctimas fatales de violencia de género. Entre los crímenes que marcaron esas semanas estuvo el de Camila Ruth Castro, de 18 años, asesinada en Ituzaingó. El 8 de septiembre, Camila fue asesinada a tiros y el acusado es su expareja Elías Barrionuevo. En medio de una discusión, el joven habría sacado un arma y le habría disparado; uno de los proyectiles impactó en el cuello de Camila. Su padrastro, Jorge González, intentó intervenir y también fue baleado. Barrionuevo fue detenido 24 horas después y quedó imputado por homicidio agravado por el vínculo y tentativa de homicidio.
Días después, en San Juan, fue asesinada Camila Vecchiarello, de 26 años, rosarina, estudiante de Enfermería y aspirante a ingresar a Gendarmería y embarazada de pocas semanas. La joven murió tras recibir múltiples puñaladas en la casa que compartía con su esposo, Carlos Gonzalo Rivero. La autopsia determinó que sufrió un shock hipovolémico por las heridas y constató lesiones defensivas en manos y brazos. Rivero quedó detenido e imputado por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género.
El 21 de septiembre, Mónica Ligorria fue atacada a tiros y el acusado es su expareja, Hernán Adalberto Ayerbe, mientras trabajaba en un puesto de venta de huevos en Pilar. Había terminado pocos días antes una relación de 16 años atravesada por la violencia, había denunciado agresiones y amenazas, y contaba con una restricción de acercamiento y botón antipánico. Incluso había intentado advertir que Ayerbe estaba armado.
Ese 21 de septiembre, después de ratificar la denuncia ante la fiscalía especializada en Violencia de Género de Pilar, Mónica se fue a trabajar y allí recibió un ataque a tiros por el que Ayerbe está acusado: uno de los disparos impactó en su cabeza y fue trasladada al Hospital Central de Pilar con muerte cerebral. Mónica había dejado asentada su voluntad de donar sus órganos y, tras su muerte, la familia respetó esa decisión. Sus seres queridos la acompañaron hasta la entrada al quirófano, donde se realizó el procedimiento de ablación.
Sobre el final del mes, el 29 de septiembre, Romina Cardozo, de 38 años, fue asesinada de 19 puñaladas en una vivienda de Villa Maipú, partido de San Martín. Su pareja, Aaron Cruz Rojas, también murió en el lugar. La investigación intenta determinar si las heridas que sufrió el hombre fueron provocadas por Romina mientras intentaba defenderse.
Finalmente, septiembre cerró con el femicidio de Aixa Dana Mili, de 20 años, en Dique Luján, Tigre. Fue su padre, Antonio, quien la encontró muerta cuando regresó de trabajar, cerca de las 8 de la mañana del 30 de septiembre. «Cuando subí, la vi ahorcada, con una soga, había una silla al lado. En la mesa había una foto con él», contó.
Sin embargo, la escena le llamó la atención porque su hija estaba semidesnuda, con marcas en la frente y distintas lesiones en el cuerpo. «Yo la agarré con la intención de salvarla, pensé que estaba viva y estaba toda fría», recordó en declaraciones televisivas.
Las sospechas apuntaron a su expareja, Alejandro Sofía, quien ya había sido detenido en diciembre de 2025 por lesiones leves y amenazas coactivas contra Aixa y había recuperado la libertad en julio. La joven lo había denunciado y contaba con un botón antipánico. Su padre contó que ella confiaba en esa medida: «Tenía 20 años, pero era muy inocente, muy confianzuda, decía que estaba bien porque tenía el botón antipánico».
Tras el hallazgo del cuerpo, Sofía permaneció prófugo hasta que fue detenido este jueves 1 de octubre.
Las fallas en las medidas de protección
El caso de Aixa vuelve a poner el foco en qué ocurre después de que una mujer denuncia y la Justicia reconoce que existe una situación de riesgo. Los datos de La Casa del Encuentro muestran que, entre las víctimas fatales registradas durante los primeros nueve meses del año, 22 habían realizado una denuncia y 11 de los femicidas tenían dictadas medidas cautelares de prevención.
La misma problemática aparece entre quienes sobrevivieron. El observatorio contabilizó 401 intentos de femicidio entre enero y septiembre. En 59 casos, las mujeres o adolescentes habían denunciado previamente a sus agresores y, en 44, existían medidas cautelares.
Para Ada Rico, el crimen de Aixa muestra los límites de una medida judicial que no está acompañada por mecanismos que garanticen su cumplimiento. «Ella hizo lo que tenía que hacer: denunció, se logró una medida», señaló a PERFIL. Sin embargo, muchas mujeres terminan atravesando estos procesos en soledad.
En este sentido, reclamó un mayor uso de dispositivos duales, que permitan monitorear también al agresor y detectar si se acerca a la víctima. «Ella, el botón y él, una tobillera», resumió. De esa manera, explicó, la responsabilidad de advertir el peligro no recae únicamente sobre la mujer que tiene el botón antipánico.
«El Poder Judicial realmente tiene una deuda pendiente con la temática de violencia de género», sostuvo Rico. En esa línea, enfatizó que incentivar la denuncia es el primer paso: una vez que una mujer recurre a la Justicia, las medidas dictadas deben traducirse en una protección efectiva frente al agresor.
Según La Casa del Encuentro, el 54% de los femicidas eran parejas o exparejas de las víctimas y el 56% de los crímenes ocurrió en la vivienda de la mujer o en el domicilio que compartía con el agresor. Buenos Aires fue la provincia con más casos registrados con 57, seguida por Santa Fe, con 29, y Córdoba, con 12 casos.
«El silencio solo protege al agresor»
Ante este escenario, Rico insistió en que los casos en los que fallaron las medidas de protección no deben convertirse en un mensaje que desaliente a otras mujeres a pedir ayuda.
«El silencio solo protege al agresor», afirmó. Recomendó que quienes atraviesan situaciones de violencia busquen asesoramiento y acompañamiento en organizaciones y ONG especializadas, antes y durante el proceso de denuncia para conocer qué medidas de protección pueden reclamar.
La presidenta de La Casa del Encuentro también cuestionó los recortes en las políticas públicas destinadas a abordar la violencia de género y señaló dificultades en los recursos disponibles para atender la demanda.
Sobre la Línea 144, Rico aclaró que continúa operativa y que las mujeres que atraviesan situaciones de violencia pueden comunicarse para recibir atención, contención y asesoramiento. Sin embargo, advirtió que los recortes de personal pueden generar demoras en las respuestas, especialmente ante situaciones que requieren atención inmediata.
Distintos observatorios contabilizaron alrededor de 200 víctimas de femicidios y otras formas de violencia letal por razones de género entre enero y septiembre de 2026. MuMaLá y Ahora Que Sí Nos Ven ubican sus registros en los 200 casos, mientras que el Observatorio de Femicidios en Argentina «Adriana Marisel Zambrano», de La Casa del Encuentro, contabilizó más de 190 víctimas fatales. Más allá de las diferencias metodológicas, los casos muestran una realidad que se repite: muchas de ellas habían pedido ayuda y denunciado antes de ser asesinadas.