El proyecto enviado por Javier Milei al Congreso incluye $503.325,9 millones para financiar el déficit previsional de las provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias a Nación y condiciona exenciones impositivas en obra pública a que los distritos otorguen beneficios en Ingresos Brutos y Sellos.
El Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso contempla partidas específicas para las provincias, entre ellas fondos para financiar el déficit de las cajas jubilatorias no transferidas a la Nación y beneficios impositivos para concesiones viales condicionados a la adhesión de las jurisdicciones a un régimen de exenciones.
Cajas jubilatorias: $503.325,9 millones para 13 provincias
El proyecto fija $503.325,9 millones para aquellas jurisdicciones que tengan un déficit reconocido —provisorio o definitivo— mediante un acuerdo con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), correspondiente al ejercicio 2021 o posterior.
Las provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias a Nación son Buenos Aires, Chaco, La Pampa, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Misiones, Formosa, Chubut, Corrientes, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Neuquén.
ANSES deberá girar mensualmente un anticipo equivalente a 1/12 del último déficit previsional reconocido de cada provincia. Según el proyecto, el Gobierno suscribió entendimientos en ese sentido con la mayoría de los distritos afectados, aunque no con todos. Quedaron afuera los casos bonaerense, formoseño, santacruceño y fueguino.
El caso más emblemático es el del entrerriano Rogelio Frigerio, quien en agosto pasado rubricó un acuerdo con Nación, al garantizarse el desembolso de $120 mil millones para el sistema previsional. Es la única provincia que consiguió financiamiento en ese área durante los tres años de administración libertaria.
El Presupuesto 2026 contemplaba $122.763 millones para transferencias a cajas jubilatorias provinciales. No obstante, el Gobierno retocó ese número durante el transcurso del año y amplió el crédito. De cara al 2027, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, contará con esa misma facultad en caso de considerarla necesaria.
Exenciones impositivas para obra pública
El articulado del proyecto condiciona beneficios fiscales para las concesiones viales a que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhieran al régimen y otorguen exenciones en Ingresos Brutos y Sellos. La Casa Rosada no obliga a los mandatarios a bajar impuestos pero sí lo pone como condición para otros beneficios fiscales.
Este miércoles, ya con el proyecto sobre la mesa, el ministro de Economía, Luis Caputo, fue anfitrión de una reunión del Consejo de Responsabilidad Fiscal, que reúne a los ministros de Economía de todas las provincias.
«El equilibrio fiscal es la base de una Argentina con estabilidad, previsibilidad y crecimiento sostenido», aseguró el funcionario luego del encuentro.
Por otra parte, los artículos 61 y 62 del proyecto apuntan a facilitar el endeudamiento para «infraestructura y la reestructuración/compensación de deudas entre Nación, provincias y CABA».
Obras y negociaciones
Entre las principales obras del proyecto se encuentra el Acueducto Vipos, en Tucumán, con una inversión prevista para 2027 de unos $25.113 millones y un costo total que supera los $148.000 millones. El distrito también cuenta con otras obras de infraestructura, entre ellas la planta depuradora de líquidos cloacales de Concepción, con $2.196 millones, y trabajos sobre las rutas nacionales 9 y 38, incluido el acceso sur a San Miguel de Tucumán.
Hasta el momento, el único gobernador que opinó abiertamente fue el tucumano Osvaldo Jaldo, quien llamó a «acompañar» la «ley de leyes». «Hay que acompañar el presupuesto nacional, porque no podemos tener un gobierno nacional que no tenga un presupuesto. Ya hemos tenido gobiernos que han estado tres años sin presupuesto, y ustedes saben que cuando no hay presupuesto, quien administra las partidas discrecionalmente es el jefe de gabinete», declaró el mandatario provincial.
Los equipos técnicos de las provincias interpretan el documento, aunque se estima que habrá modificaciones. El Gobierno retoma las negociaciones con los gobernadores con el objetivo de avanzar en otra iniciativa: la reforma electoral. Parte del futuro de las PASO, que el oficialismo pretende suprimir, estará atado a la voluntad de los mandatarios subnacionales y a las concesiones que logren en el debate por el Presupuesto 2027.