El legislador jujeño y exsenador nacional sostuvo que los suicidios se pueden prevenir con políticas públicas consistentes y sostenidas, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Prevención del Suicidio.
Buenos Aires, 13 septiembre (NA) – El legislador jujeño y exsenador nacional afirmó que la prevención del suicidio es una responsabilidad ética, moral y humana de la comunidad y del Estado, y sostuvo que los suicidios se pueden prevenir con políticas públicas consistentes y sostenidas.
Según declaró, comprender el suicidio como un problema prioritario de salud pública exige superar los mitos, el estigma y la compasión silenciosa, y abordar la problemática con articulación entre el Estado, la sociedad civil, los servicios de salud, los medios de comunicación, las escuelas y las familias.
A nivel global, la Organización Mundial de la Salud reporta entre 10 millones y 20 millones de intentos de suicidio y cerca de 800.000 fallecimientos anuales por esta causa. Algunas mediciones regionales sitúan la proporción general en un rango de 8 a 20 intentos por cada muerte consumada.
En Argentina, en 2025 se registraron 5.209 suicidios, la cifra más alta de la serie histórica nacional, con una tasa de 11,8 casos por cada 100.000 habitantes. El legislador indicó que la problemática se profundiza con un impacto en adolescentes y jóvenes, quienes encabezan estas estadísticas.
El aislamiento prolongado durante la pandemia debilitó las redes emocionales e institucionales de contención, dejando secuelas que persisten, según el legislador. A esto se suma el hiperconsumo digital sin restricciones, factor que cataliza adicciones, estrés, ansiedad, depresión y fenómenos como el ciberacoso.
En este escenario, destacó un avance normativo: Argentina modificó su legislación para exigir el reporte obligatorio de este problema de salud mental, abarcando tanto los intentos de suicidio como las autolesiones y los fallecimientos consumados. Asimismo, la Ley Nacional N° 27.130 —sancionada en 2015 y reglamentada seis años más tarde— consolidó un marco legal al que ya adhieren 23 de las 24 jurisdicciones del país. Este modelo sirvió como referente para el desarrollo de políticas públicas en países como Paraguay y Panamá.
Sin embargo, a más de una década de su sanción, la aplicación plena de la ley sigue siendo una asignatura pendiente, según el legislador. Consideró urgente institucionalizar las capacitaciones obligatorias, fortalecer las redes comunitarias de apoyo y sistematizar el registro de datos. Contar con estadísticas precisas permitirá diseñar intervenciones directas sobre los métodos de autolesión más recurrentes en cada región.
En esta estrategia, señaló que la comunidad educativa cumple un rol insustituible. Por su cercanía cotidiana con los jóvenes, los docentes están en una posición clave para advertir señales de alerta, brindar apoyo inicial y orientar a las familias hacia la asistencia especializada.
Por su parte, el sistema de salud debe ir más allá de la respuesta médica inmediata frente a la urgencia. Resulta indispensable que los equipos interdisciplinarios garanticen un acompañamiento continuo al paciente y a su entorno para evitar reincidencias.
El legislador concluyó que el suicidio es una tragedia prevenible, pero su abordaje exige políticas sostenidas, coordinadas y sistemáticas. Las respuestas espasmódicas y los esfuerzos aislados no alcanzan. Prevenir es, en definitiva, un compromiso colectivo que no admite más postergaciones.