La ministra de Desarrollo Humano de Córdoba, Liliana Montero, explicó en detalle la adhesión provincial a la nueva ley nacional de régimen penal juvenil, que fija la edad de punibilidad a los 14 años y establece un sistema de penas para delitos graves.
La ministra de Desarrollo Humano de Córdoba, Liliana Montero, se refirió a la adhesión de la provincia a la nueva ley nacional de régimen penal juvenil, sancionada recientemente. En una entrevista, Montero detalló los alcances de la reforma procesal que Córdoba implementó en su última sesión legislativa, y diferenció las leyes de fondo (nacionales) de las leyes de procedimiento (provinciales).
“Nación tiene la potestad de lo que se llaman las leyes de fondo como los códigos penales, el Código Civil. Las provincias debemos acatar esos códigos, pero dictar nuestras normas de procedimiento”, explicó. En ese marco, señaló que Córdoba ya había sancionado el año pasado una ley de procedimiento, antes de la discusión nacional, y que la nueva adecuación busca armonizar con la ley nacional que fija la punibilidad a los 14 años y establece escalas penales para delitos graves.
Montero destacó que la provincia mantiene medidas socioeducativas y socio-comportamentales como alternativa a la privación de la libertad. “Todo joven que comete una infracción o que esté en el marco del delito, debe tener una consecuencia y esa consecuencia no debe ser siempre o no puede ser siempre la privación de la libertad”, afirmó. Además, subrayó que la reforma incorpora la participación de la víctima en el proceso, en línea con la ley Joaquín sancionada en la provincia.
En cuanto a la implementación, la ministra recordó que Córdoba ya contaba con un dispositivo diferenciado en el Complejo Esperanza para jóvenes de 14 a 16 años con delitos graves, y que durante 2025 transitaron por ese espacio 27 jóvenes por disposición de la justicia. “Córdoba era la única provincia que tenía datos objetivos cuando esto se discutió nacionalmente”, sostuvo.
Finalmente, Montero aseguró que continuará la articulación con la Senaf y organizaciones sociales, y mencionó un programa de reinserción laboral con escuelas que hoy alcanza a más de 60 jóvenes. “El nivel de reincidencia ha sido ínfimo”, señaló, y valoró el esfuerzo conjunto entre la sociedad civil y los tres poderes del Estado.