La Fiscalía de Estado presentó un recurso de casación contra la sentencia que dispuso cesar en 60 días la intervención del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo, vigente desde 2000.
El Gobierno de Tucumán, encabezado por Osvaldo Jaldo, presentó este lunes un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia contra el fallo que ordenó finalizar en 60 días la intervención del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA). La medida fue confirmada por la Agencia Noticias Argentinas.
La sentencia 653, dictada por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo el 10 de agosto y depositada al día siguiente, dispuso el cese de la intervención y la conformación del Directorio del organismo. La intervención del IPLA se mantiene desde julio de 2000, pese a que la Ley 7.243 establece que la medida no puede extenderse por más de 60 días corridos y que su conducción debe estar a cargo de un presidente y dos vocales titulares designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura.
La Fiscalía de Estado solicitó que se revoquen los puntos I y VI de la sentencia, que ordenan la normalización del instituto. El recurso sostiene que los propietarios de salones de fiestas que promovieron el amparo no demostraron un perjuicio personal, y que la Cámara no podía imponer al Ejecutivo una solución específica ni un cronograma.
La apelación se presentó después de que el gobernador Jaldo afirmara públicamente que acataría la decisión judicial. No obstante, la sentencia aún no está firme y la nueva prórroga de la intervención de Dante Loza, dispuesta por el Decreto 1.784/7 del 4 de agosto, permanece vigente.
El recurso incluye la reserva del caso federal, lo que habilita una instancia posterior ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación si se cumplen los requisitos legales.