Una vecina de Martínez ganó una batalla judicial contra un banco que le exigía pagar más de 7 millones de pesos por consumos que nunca realizó. La Justicia en lo Contencioso Administrativo confirmó una multa contra la entidad por vulnerar los derechos de su clienta y por faltar a audiencias de conciliación.
Una vecina de Martínez ganó una batalla judicial contra un banco que le exigía pagar más de 7 millones de pesos por consumos que nunca realizó. La Justicia en lo Contencioso Administrativo confirmó una multa contra la entidad por vulnerar los derechos de su clienta y por faltar a audiencias de conciliación convocadas por la Defensa del Consumidor de la Municipalidad de San Isidro.
El hecho comenzó el 20 de mayo de 2024, cuando la clienta ingresó a su homebanking y descubrió un fraude de $7.116.189 en el resumen de su tarjeta de crédito. La mujer radicó el desconocimiento de las operaciones ante la entidad emisora, pero recibió respuestas negativas a sus reclamos. Meses después, la empresa acreditó dos de los consumos desconocidos (por $62.400 y $480.000), pero continuó exigiendo el cobro del resto de la deuda sin justificativo técnico.
La vecina radicó una denuncia formal ante la Dirección General de Defensa del Consumidor a mediados de octubre de 2024. Durante el proceso, el banco no se presentó a dos de las cuatro audiencias oficiales fijadas para llegar a un acuerdo, a pesar de estar notificado.
El organismo de control determinó la responsabilidad de la empresa y le aplicó una doble penalidad económica que suma cerca de 9 millones de pesos. La multa de $7.396.800 se fundamentó en que la firma «no brindó a la denunciante información clara, inequívoca y suficiente respecto a las transacciones desconocidas». Otra sanción de $1.541.000 se aplicó por «no haber comparecido a dos de las cuatro audiencias».
El Dr. Guillermo Tear, Director General de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de San Isidro, afirmó que las sanciones disminuyeron las inasistencias a las audiencias. Tear indicó que el fallo confirma la potestad administrativa para sancionar cuando la entidad no da respuestas documentadas o no concurre a conciliación. «El tribunal cita precedentes, por lo tanto es una decisión judicial de valor persuasivo y aplicable; tanto en el Departamento Judicial San Isidro como en casos semejantes en la provincia», sostuvo.
Desde el organismo de control municipal señalaron: «El ‘faltazo’ sistemático a las citas del Estado no es gratuito. Vamos a seguir sancionando con la máxima rigurosidad a las corporaciones que pretendan vaciar de contenido las instancias de conciliación obligatoria despreciando el tiempo de los ciudadanos».
El banco apeló la resolución administrativa, pero la Justicia en lo Contencioso Administrativo confirmó la resolución de Defensa del Consumidor. El tribunal rechazó los argumentos de la compañía y la obligó a abonar el total de las multas aplicadas, con montos actualizados.