La Justicia de Rosario ordenó la liberación del portero de un jardín de infantes del barrio Empalme Graneros, tras determinarse que las pericias en Cámara Gesell no aportaron pruebas que sostuvieran las acusaciones de abuso sexual contra tres menores.
Buenos Aires, 4 julio (NA) – La Justicia de Rosario ordenó la inmediata liberación del portero del jardín de infantes del barrio Empalme Graneros que se encontraba bajo prisión preventiva, luego de que las pericias en Cámara Gesell descartaran por completo las acusaciones iniciales por presuntos delitos contra la integridad sexual de tres menores.
La resolución dictada por el juez Rafael Coria modificó la situación procesal de R. L., de 55 años, al constatarse que las entrevistas especializadas no arrojaron ningún tipo de indicador médico o conductual compatible con situaciones de abuso.
Fuentes judiciales confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que «los niños no pudieron dar cuenta de los hechos descriptos en las denuncias ni mencionaron al portero», lo que desmoronó la apariencia de responsabilidad que pesaba sobre el empleado desde su detención el pasado 10 de junio.
El expediente judicial avanzó además con las declaraciones de la totalidad del personal docente y no docente del establecimiento educativo ubicado en la intersección de La República y Cabal. Los compañeros de trabajo del imputado ratificaron ante la fiscal Antonela Valente que, por la estructura organizativa de la entidad, «el portero nunca permanecía a solas con los alumnos».
Asimismo, los investigadores comprobaron una inconsistencia clave en los turnos de asistencia, debido a que una de las presuntas víctimas concurría al jardín en el horario de la tarde, mientras que el agente de maestranza cumplía sus tareas en una franja horaria completamente diferente, determinando que «no existían posibilidades de que se cruzaran» en el edificio.
Frente a este nuevo escenario probatorio, el magistrado interviniente dispuso el cese de la medida de coerción y le otorgó la libertad al sospechoso, sin perjuicio de que la investigación penal continúe su curso formal.
La causa había provocado una profunda conmoción social cuando un grupo de familiares intentó linchar al trabajador y agredir a los maestros, forzando un fuerte despliegue de las fuerzas de seguridad locales para contener los desmanes.
Ante la gravedad institucional y la tensión vecinal, el Ministerio de Educación provincial dispuso en su momento la intervención integral del jardín número 261 y resolvió «reemplazar a todo el personal de la institución, directivos y docentes incluidos», una disposición que se mantiene vigente mientras se completan las diligencias del caso.