Madrid, 28 jun (EFE).- El Tribunal Constitucional (TC) decidirá después del período estival sobre la admisión a trámite de los recursos presentados contra la sentencia que condenó al ex fiscal general Álvaro García Ortiz por revelación de secretos.
Madrid, 28 jun (EFE).- El Tribunal Constitucional resolverá después del verano sobre la admisión a trámite de los recursos contra la sentencia que condenó al ex fiscal general Álvaro García Ortiz por revelación de secretos en relación con Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
La corte maneja dos recursos: la impugnación de la Fiscalía y un segundo de la Abogacía del Estado, que representa a García Ortiz. Ambos han sido conectados para resolverse conjuntamente, dado que se dirigen contra la misma resolución y afectan a la misma persona. La ponente es la magistrada María Luisa Segoviano.
Fuentes jurídicas informaron a EFE de que sendos recursos están pendientes del informe del letrado, antes de decidir sobre su más que previsible avocación a Pleno y, en su caso, admisión a trámite.
Previamente se deberán despejar cuestiones de trámite, entre ellas la posible abstención del presidente Cándido Conde Pumpido, por haber sido superior de García Ortiz cuando este fue fiscal general del Estado (2004-2011). También se evalúa la posible abstención de la ponente María Luisa Segoviano, a quien algunas fuentes señalan por haber deseado «mucho ánimo» al ex fiscal general en la toma de posesión de su sucesora, Teresa Peramato. Las mismas fuentes indicaron que, de no abstenerse, es posible que alguna parte solicite su recusación.
García Ortiz, quien estuvo al frente de la Fiscalía General entre 2022 y 2025, fue condenado a dos años de inhabilitación para ese cargo por la filtración a la prensa de un correo con la admisión de dos delitos contra Hacienda de la pareja de Díaz Ayuso, y por la nota de prensa que emitió la Fiscalía el 14 de marzo de 2024 sobre la investigación a González Amador.
En abril pasado, la Fiscalía presentó un recurso en el que pidió anular la sentencia al considerar que el Supremo vulneró derechos de García Ortiz, como el de presunción de inocencia o el de un proceso con todas las garantías. Días después, la Abogacía del Estado solicitó también la anulación de la resolución al denunciar la vulneración de derechos fundamentales como la libertad de expresión, la tutela judicial efectiva, así como la «desproporción de las medidas y falta de motivación» del registro en la Fiscalía General.
En paralelo, el Ejecutivo tiene pendiente resolver sobre el indulto que solicitaron tres ciudadanos para García Ortiz, actualmente destinado en la Fiscalía de lo Social en el Supremo. El Gobierno cuenta ya con los informes preceptivos, no vinculantes, del Supremo (que rechaza todo indulto total o parcial) y del Ministerio Público (que apoya un indulto parcial respecto a la pena de inhabilitación).