La reforma al artículo 127 constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum establece un tope de $67,145 pesos mensuales netos para las jubilaciones del personal de confianza de organismos paraestatales como CFE, Pemex y Banobras. El decreto, publicado el 10 de abril de 2026, entró en vigor al día siguiente y afecta a pensiones ya otorgadas, lo que generó protestas y amparos.
La reforma al artículo 127 constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo limitó a $67,145 pesos netos mensuales las jubilaciones del personal de confianza de organismos paraestatales como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex) y Banobras, entre otras entidades.
El decreto, publicado el 10 de abril de 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), entró en vigor al día siguiente y se aplica también a pensiones ya otorgadas, lo que desató protestas y amparos en todo el país.
La norma establece que ninguna jubilación financiada con recursos públicos en organismos descentralizados, empresas del Estado, sociedades nacionales de crédito y fideicomisos federales puede superar el 50% del salario neto de la titular del Ejecutivo Federal.
Con base en los sueldos vigentes en 2026 —bruto de $193,706 pesos y neto de $134,290 pesos—, ese umbral equivale a $67,145 pesos mensuales. Quienes antes percibían hasta un millón de pesos al mes quedan sujetos a ese techo.
El decreto fue aprobado en la Cámara de Diputados con 458 votos en lo general y 363 a favor, 64 en contra y 25 abstenciones en lo particular, tras desechar reservas de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC. En el Senado, la iniciativa pasó por unanimidad en lo general.
Dependencias afectadas y excepciones
Las entidades directamente alcanzadas por la medida son Pemex, CFE, Luz y Fuerza del Centro, Bancomext, Banobras, Banrural y NAFIN. Sus contratos, disposiciones y condiciones laborales deberán revisarse y, de ser necesario, adecuarse al nuevo marco.
Quedan excluidas del tope las Fuerzas Armadas, las pensiones generadas por aportaciones voluntarias a sistemas de ahorro para el retiro con cuentas individuales, las financiadas por aportaciones sindicales en esquemas de ahorro complementario y la pensión no contributiva contemplada en el artículo 4° constitucional.
El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas disponen de un plazo de 90 días naturales para revisar y ajustar el marco jurídico correspondiente.
Retroactividad: el núcleo del conflicto
El régimen transitorio del decreto establece que todas las jubilaciones concedidas antes de la entrada en vigor de la reforma —siempre que no estén excluidas por la fracción IV del artículo 127 constitucional— deben someterse al nuevo límite sin excepción, aunque permanezcan vigentes.
El texto precisa, no obstante, que los haberes de retiro reconocidos conforme al marco constitucional anterior se mantendrán en los términos en que fueron otorgados. Las aportaciones estatales a cuentas individuales o planes complementarios de pensiones, a partir de la entrada en vigor, sí quedan sujetas al tope.
La aplicación retroactiva afecta a unos 93,000 jubilados de Pemex, CFE y Banobras, que reportan recortes de entre el 10% y el 79% de sus ingresos. José García, de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Pensionados, señaló que la afectación oscila “entre el diez y hasta el sesenta por ciento” para trabajadores que cotizaron entre 30 y 40 años.
Suspensiones judiciales y diálogo con el gobierno
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, con sede en Monterrey, ordenó el 11 de mayo suspender los descuentos a las pensiones de 15 jubilados de CFE, al determinar que reducciones superiores al 50% generan un impacto psicológico y económico grave en adultos mayores. La suspensión permanece vigente mientras los órganos de la Ciudad de México resuelven los amparos en definitiva.
En la Ciudad de México, tres jueces federales han desechado las demandas de amparo al reconocer que la reforma afecta derechos adquiridos, pero sostienen que los cambios constitucionales no pueden ser impugnados por esa vía.
Reunión en Gobernación y postura de Sheinbaum
Por instrucción de la presidenta, la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez y la consejera jurídica de la presidencia Luisa María Alcalde se reunieron el 28 de mayo de 2026 con representantes de jubilados inconformes de CFE, Pemex y Banobras, con el objetivo de escuchar sus planteamientos y explorar puntos de diálogo.
Sheinbaum había advertido previamente que ningún jubilado que perciba menos de $70,000 pesos al mes debe sufrir descuentos injustificados, y anunció una revisión de los casos de Pemex tras conocer directamente el recibo de un trabajador durante una de sus giras.
Impacto fiscal y obligaciones institucionales
El gobierno federal estima que la medida generará ahorros anuales cercanos a $5,000 millones de pesos, con una reducción del pasivo laboral asociado a las pensiones de las empresas productivas del Estado.
Según el análisis de KPMG México, las dependencias deberán cuantificar sus ahorros, reorganizar su información financiera y adoptar metodologías actuariales para presupuestar el pago de pensiones a corto, mediano y largo plazo. Las aportaciones estatales a cuentas individuales o planes complementarios, a partir de la entrada en vigor del decreto, también quedan sujetas al tope aprobado.