La organización Human Rights Watch informó que contratistas militares privados colombianos, presuntamente contratados por una empresa con sede en Emiratos Árabes Unidos, fueron desplegados en Sudán para respaldar a las Fuerzas de Apoyo Rápido.
La ONG Human Rights Watch (HRW) advirtió este martes que contratistas militares privados colombianos, supuestamente contratados por una empresa con sede en Emiratos Árabes Unidos (EAU), habrían pasado por bases militares de ese país para luego ser desplegados en Sudán con el objetivo de apoyar a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).
“EAU está ayudando o contribuyendo de manera sustancial a la capacidad de las RSF para cometer crímenes de guerra”, sostuvo la organización en un comunicado que acompaña el informe titulado ‘De Bogotá a El Fasher: El papel de EAU en el despliegue de militares colombianos y otras formas de respaldo a las Fuerzas de Apoyo Rápido en Sudán’.
Según el documento, desde 2024 la empresa de seguridad Global Security Services Group (GSSG), con sede en Abu Dabi, “contrató a cientos de contratistas militares privados colombianos que fueron desplegados en Sudán para participar en hostilidades junto a las RSF”, que combaten contra las Fuerzas Armadas sudanesas.
La directora de la División de África de HRW, Mausi Segun, afirmó que existe un “creciente conjunto de evidencias de que EAU brinda apoyo militar a las Fuerzas de Apoyo Rápido”. Según la ONG, estos paramilitares han cometido de forma “repetida” “crímenes atroces” en Sudán. Segun instó a los gobiernos del mundo a “exigir públicamente” que Emiratos “deje de suministrar armas, equipo, personal y otro tipo de apoyo militar” a las RSF.
El informe de HRW indica que la campaña de reclutamiento habría estado dirigida por entidades privadas. Los reclutas “pasaban por una base militar de EAU en Giyazi y lo que parece ser una instalación militar en Al Wazba”, ambas en el Emirato de Abu Dabi. Un contratista militar colombiano declaró a la organización que al llegar a Emiratos “se saltó los controles de inmigración” y fue trasladado a dicha base, donde recibió entrenamiento por parte de ciudadanos emiratíes.
La primera evidencia pública de la presencia de colombianos en Sudán surgió de una serie de videos difundidos en redes sociales en noviembre de 2024. Las Fuerzas Conjuntas de los Movimientos Armados —una coalición de grupos armados aliados con el Ejército sudanés— interceptaron un convoy de colombianos que había ingresado a Sudán desde Libia.
HRW verificó y geolocalizó videos que mostraban a contratistas militares privados de origen extranjero, aparentemente colombianos, combatiendo en El Fasher durante la toma de la ciudad por parte de las RSF en el otoño de 2025. La ONG agregó que los residentes fueron blanco de abusos generalizados, incluyendo asesinatos, violaciones, hambruna y ataques selectivos contra personas con discapacidad. Seis testigos afirmaron haber visto a combatientes extranjeros “blancos” en el lugar de los asesinatos masivos, vestidos con el mismo equipo de protección visible en los videos: cascos, chalecos antibalas y rodilleras.
Otro contratista colombiano consultado por HRW declaró haber entrenado a reclutas de las RSF en campamentos alrededor de Nyala, en el oeste de Sudán, utilizados por las fuerzas paramilitares como su base principal en Darfur del Sur. En esos entrenamientos, según el entrevistado, “muchos reclutas eran niños pequeños”.
El Derecho Internacional prohíbe el reclutamiento o la utilización de menores en conflictos armados, y constituye un crimen de guerra reclutar a niños menores de 15 años. El secretario general de la ONU, António Guterres, verificó al menos 16 casos de reclutamiento de niños por parte de las RSF en 2024, lo que llevó a incluir al grupo armado en la “lista de la vergüenza” de Naciones Unidas por “graves violaciones” contra niños en conflictos armados.
EAU negó haber brindado apoyo militar a las RSF y afirmó que su asistencia es humanitaria. HRW cuestionó ese argumento al sostener que “las autoridades estatales emiratíes deberían estar, y parecerían estar, plenamente al tanto de las actividades que tienen lugar en territorio emiratí, y específicamente en propiedades gubernamentales y bases militares”, dado que se trata de un “Estado autoritario altamente centralizado”.
HRW afirmó haber compartido resúmenes de sus conclusiones con Global Security Services Group, las autoridades emiratíes y otras partes implicadas, sin obtener respuesta. La ONG instó al Consejo de Seguridad de la ONU a “pedir a su grupo de Expertos sobre Sudán que investigue a GSSG, incluido Mohamed Hamdan al Zabi —a quien el fundador Ahmed Mohamed al Humairi transfirió sus acciones—, por su aparente papel de apoyo a las RSF en violación del embargo de armas del Consejo de Seguridad de la ONU de 2004 sobre Darfur”. Asimismo, urgió al Consejo a pedir al Grupo que investigue a otros actores, incluidas empresas privadas que podrían ayudar a las RSF, e imponer sanciones a las personas y entidades que presten dicho apoyo. También abogó por que la Unión Europea y la Unión Africana investiguen a la empresa de seguridad y a Al Zabi “con miras a adoptar sanciones específicas”.
“Las víctimas civiles están pagando el precio de la falta de voluntad para denunciar el apoyo de Emiratos Árabes Unidos a las Fuerzas de Apoyo Rápido”, declaró Mausi Segun, directora de HRW en África, y urgió a los “gobiernos a nivel global” a “dejar de aceptar las negativas poco creíbles de EAU respecto a su apoyo a las RSF” y a “poner fin a la impunidad por los crímenes de guerra y de lesa humanidad en Sudán”.