Madrid, 23 may (EFE). La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha dejado abiertas varias incógnitas sobre su presunto papel en una trama de tráfico de influencias. Las próximas semanas serán determinantes.
Un juez de la Audiencia Nacional acordó esta semana la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, por primera vez en democracia en España, al situarlo a la cabeza de una presunta red de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente la aerolínea Plus Ultra, a cambio de supuestas comisiones.
En el foco del juez José Luis Calama están los contactos desplegados por la trama y presuntamente impulsados por la agenda del expresidente para que la compañía aérea recibiese el préstamo de 53 millones de euros que aprobó el Estado en 2021 y para conseguir que operase en Venezuela, así como el funcionamiento de una maraña de empresas para canalizar pagos hacia Zapatero y su entorno.
Las próximas semanas serán claves dentro de una causa aún muy inicial, de la que se acaba de levantar el secreto. El Gobierno y el PSOE apelan a la presunción de inocencia y, en palabras del presidente Pedro Sánchez, manifiestan un apoyo cerrado a Zapatero.
Zapatero está citado el 2 de junio como investigado por unos hechos en los que el juez ve indicios de tráfico de influencias y un posible «patrón» de blanqueo en el marco de una presunta estructura criminal. Debe acudir acompañado por su abogado, el catedrático de Derecho Procesal Víctor Moreno Catena, y lo hará tras haberse estudiado en detalle el auto de imputación, de 85 páginas, y dos informes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía.
Quien fuese presidente del Gobierno (2004-2011) y secretario general del PSOE (2000-2012) dejó claro que ejercerá su derecho a la defensa «con toda la firmeza y toda la convicción», y explicará al juez que «jamás» ha hecho gestión alguna ante ninguna administración pública en relación con el rescate de Plus Ultra.
La investigación, que nació a instancias de la Fiscalía Anticorrupción en un juzgado de Madrid, despertó al llegar a la Audiencia Nacional el interés de algunas acusaciones populares habituales en causas mediáticas. PP, Vox y Hazte Oír ya están personadas y otras cinco, entre ellas Manos Limpias, están en trámites de hacerlo.
Algunas han adelantado que pedirán medidas cautelares al expresidente. Vox y Hazte Oír quieren que el juez retire el pasaporte diplomático y prohíba salir de España a Zapatero, para quien la última también solicita una fianza. El eurodiputado de Vox Jorge Buxadé ha dicho públicamente que espera que el expresidente ingrese en prisión provisional tras su declaración.
El mismo día que Zapatero conoció su imputación, la UDEF practicó varios registros simultáneos, como el de su despacho, cerca de la sede del PSOE, en la madrileña calle Ferraz, o el de la empresa de sus hijas, What The Fav. Se llamó «Operación Tíbet» y en ella los agentes hallaron una caja fuerte en el despacho de Zapatero, e incautaron documentación, material informático, agendas o el móvil de la secretaria del expresidente, María Gertrudis Alcázar.
Ahora la UDEF debe escudriñar toda la documentación para dar respuesta a interrogantes del caso, como los pagos recibidos por Zapatero y su entorno de Análisis Relevante, propiedad de su amigo Julio Martínez, y si supuestamente venían de Plus Ultra. Queda mucho aún por investigar del supuesto «patrón» de blanqueo que el juez ve en la creación, presuntamente por instrucciones de Zapatero, de una sociedad en Dubai, íntegramente participada por una empresa de Julio Martínez -Idella- que a su vez firmó un contrato para percibir el 1 % del préstamo a Plus Ultra, sin que el juez tenga constancia de ese pago en España.
Está por ver si los efectos intervenidos arrojan luz sobre la «intervención directa» que el juez atribuye a Zapatero «en operaciones internacionales de alto valor económico, como las relativas al petcoke (petróleo), oro, compraventa de acciones o divisas». El juez, que destaca los contactos de la red con Venezuela, China o Emiratos Árabes Unidos, apunta, por ejemplo, a que los «potenciales compradores» de petróleo tenían que dirigirse, mediante la denominada «carta de intención», a Zapatero, con «acceso directo» a los «más altos niveles» políticos.
El magistrado señala en su auto a otros implicados, con un rol destacado de la secretaria del expresidente, a quien, a la espera de conocer formalmente cuál es su situación en la investigación, confiere un «papel operativo esencial» en la presunta trama. Esta trabajadora estuvo en el registro de la oficina de Zapatero y el juez autorizó que se le practicara un registro corporal para evitar que se pudieran perder, alterar o destruir su móvil u otros dispositivos, lo cual subraya su peso. El PP ha anunciado ya que acudirá a la comisión de investigación sobre la SEPI del Senado.
La atención está puesta además en el futuro judicial de las hijas de Zapatero al considerar el juez que su agencia de marketing What The Fav sería una «sociedad finalista» para canalizar pagos al expresidente. La mujer de Zapatero, María Sonsoles Espinosa, aparece también aludida en el auto como cotitular de una cuenta bancaria con su marido que, entre 2020 y 2025, ingresó 1,5 millones de euros procedentes de transferencias de empresas de la presunta trama de tráfico de influencias. Es la cuenta bancaria en la que el juez ha ordenado bloquear 490.780 euros, cantidad que habría recibido Zapatero en ese periodo de la consultora del «lugarteniente» del expresidente, Análisis Relevante.