El Gobierno regional confirmó que no apelará el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que otorga una compensación adicional de 89.608,43 euros a una pareja afectada por las obras de la Línea 7B de Metro.
La Comunidad de Madrid no recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que reconoce una indemnización adicional a una pareja de vecinos de San Fernando de Henares que perdió su vivienda por los daños provocados por las obras de la Línea 7B de Metro. Según informó el Gobierno regional, el pronunciamiento judicial «confirma sustancialmente» los criterios jurídicos sostenidos por la Administración durante el procedimiento.
La sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press y contra la que cabe recurso, reconoce una indemnización adicional de 89.608,43 euros, incrementando la compensación inicial fijada por la Comunidad de Madrid hasta alcanzar un total de 362.051,45 euros. El procedimiento contencioso en el TSJM aglutina un total de 28 demandas vecinales.
Desde el Gobierno regional, fuentes de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras señalaron que no tienen intención de recurrir. El departamento que dirige Jorge Rodrigo consideró «razonable y legítimo» que, en el ejercicio de la flexibilidad y facultad de valoración que corresponde a los tribunales, los afectados puedan percibir una indemnización algo superior a la inicialmente fijada por la Administración.
Según recordaron, el tribunal reconoce como conceptos indemnizables únicamente aquellos defendidos por la Comunidad de Madrid, rechazando o inadmitiendo las pretensiones adicionales formuladas por los vecinos relativas, entre otras, a la fiscalidad, gastos periciales, gastos jurídicos o gastos de la asociación.
Así, remarcaron que las diferencias existentes respecto de la posición mantenida por la Comunidad se circunscriben «exclusivamente» a cuestiones de valoración económica y apreciación probatoria, al haber optado el TSJM por asumir la tasación aportada por la parte demandante en lugar de la realizada por la tasadora Tinsa, así como por incrementar moderadamente la valoración del mobiliario y del daño moral o psicológico.
El caso se refiere a una vivienda situada en la calle Rafael Alberti de San Fernando de Henares, declarada en ruina y posteriormente demolida tras los graves daños derivados de la prolongación de la Línea 7B de Metro entre las estaciones de Barrio del Puerto y Hospital del Henares.
La Comunidad de Madrid había reconocido en 2023 una indemnización de 272.443,02 euros por la pérdida del inmueble, el mobiliario y los daños morales. Sin embargo, los afectados recurrieron al considerar insuficiente la valoración realizada por la Administración regional.
La sentencia reconoce el incremento de la indemnización por daños morales, ya que la Sala considera acreditado el profundo sufrimiento padecido por los afectados durante años de incertidumbre por el estado de su vivienda y el impacto emocional derivado del desalojo y demolición del inmueble.