Centenares de ciudadanos marcharon en Santo Domingo para pedir justicia tras el colapso del techo que causó 236 muertes. Reclaman que los propietarios sean juzgados por homicidio voluntario, con penas de hasta 30 años de prisión.
Centenares de ciudadanos en la República Dominicana marcharon este domingo para exigir un castigo ejemplar contra Antonio Espaillat y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, tras el colapso del techo ocurrido el 8 de abril de 2025 durante un espectáculo del merenguero Rubby Pérez, que provocó 236 muertes. La movilización, organizada por el Movimiento Justicia Jet Set, busca presionar a la Justicia de cara al fallo previsto para el 15 de junio, que definirá si continúa el proceso penal contra los acusados y reclama la recalificación jurídica del caso, informó la agencia EFE.
La magnitud del desastre sobresale no solo por el elevado número de víctimas, sino también por la cantidad de heridos y el reclamo unánime de familiares, quienes sostienen que los hermanos Espaillat tenían conocimiento previo del deterioro en la infraestructura. El número de fallecidos supera ampliamente el de incidentes previos en establecimientos de recreación en la región, dejando expuestas debilidades en los controles institucionales y legales, de acuerdo con EFE.
Exigen que les imputen delito de homicidio voluntario con cárcel hasta por 30 años
El derrumbe ocurrió mientras el artista Rubby Pérez se presentaba ante unas doscientas personas, según manifestaron los participantes y portavoces del Movimiento Justicia Jet Set. Tras la tragedia, familiares y sobrevivientes insisten en que se cambie la calificación penal de la causa de homicidio involuntario, que puede implicar hasta dos años de prisión, a homicidio voluntario, sancionado con hasta 30 años de cárcel. La imposición actual de la Fiscalía ha sido cuestionada por organizaciones civiles y familiares, al considerarla indulgente y distante de la gravedad de los hechos.
Los manifestantes recorrieron las principales calles de Santo Domingo hasta el Palacio de Justicia, lanzando consignas como: «no fue un accidente, fue homicidio con dolo eventual» y «quien conoce el peligro y no actúa, responde por las muertes». La movilización fue custodiada por la Policía Nacional, que restringió el acceso al edificio judicial.
Ana Ramírez, fundadora del Movimiento Justicia Jet Set, dijo a la agencia EFE: «Nuestra principal exigencia en esta marcha fue la solicitud de la recalificación jurídica del caso Jet Set. Ellos —los propietarios— tenían pleno conocimiento de todo lo que estaba sucediendo y aún así continuaron con la fiesta». Ramírez señaló una «debilidad del sistema» en favor de los hermanos Espaillat, al afirmar: «Son personas que gozan de muchos privilegios y mucho poder».
José Luis Custodio, sobreviviente y familiar de cuatro víctimas, pidió a la Justicia que no se equivoque: «Si hubiera sido en otro país, hace rato que Antonio y Maribel Espaillat estarían presos. Con nosotros, los sobrevivientes del Jet Set y, primero Dios, ellos no van a poder», expresó en declaraciones recogidas por la agencia de noticias.
El testimonio de las familias y el rol de las advertencias ignoradas
Entre las voces más críticas se cuenta Milagros Martínez, madre de una gobernadora fallecida en la tragedia. Martínez aseguró, según citó a EFE: «Los hermanos propietarios de la discoteca sabían el problema que tenía el local en el techo. Tenían mucho conocimiento, porque él dijo que desde que compró el local caía agua, y él nunca tomó la medida de arreglarlo». Martínez lamentó que «todavía una hora antes de la fiesta, él podía haber previsto que no murieran esas 236 personas y no lo hizo».
Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía de la República Dominicana argumentó que los dueños llevaron a cabo obras de remodelación «sin notificarlo a ninguna institución, por lo que no hay registros de inspecciones de los procesos de remodelación de dicha edificación». La acusación consideró que esta conducta «constituye una inobservancia a la ley y una muestra de negligencia de parte de los mismos», al mismo tiempo que puntualizó que Antonio y Maribel Espaillat desoyeron advertencias internas sobre el deterioro del techo, priorizando el ahorro de recursos por encima de la seguridad.
Según la información presentada por la Fiscalía, el proceso judicial entró en fase decisiva tras la conclusión de las audiencias preliminares hace dos semanas; el próximo 15 de junio, el juzgado deberá determinar si ambos acusados enfrentan juicio bajo una figura penal más grave.
La secuencia de los hechos, los relatos y los procedimientos institucionales delinean un caso que pone en cuestión no solo la responsabilidad individual de los propietarios de la discoteca Jet Set, sino también el sistema de control y vigilancia de las infraestructuras recreativas en la República Dominicana, según la cobertura de agencia EFE.