La disputa por el financiamiento universitario escala a la Corte Suprema mientras el Gobierno mantiene su postura. La masiva marcha del martes y la falta de avances legislativos marcan el escenario.
La tensión entre el Gobierno y las universidades públicas se intensifica y trasciende al ámbito judicial. Luego de la masiva movilización de esta semana en reclamo del financiamiento previsto por ley, el oficialismo se mantiene firme en su posición, aunque envuelto en contradicciones internas. El conflicto ahora recae sobre la Corte Suprema de Justicia, que debe resolver una medida cautelar sin plazos definidos, pero con una atención renovada sobre sus decisiones. Se especula que su fallo podría ser determinante para una eventual negociación entre el Gobierno y los rectores, mientras el tema permanece estancado en el Congreso.
Por el momento, la disputa con las universidades ha desplazado otras preocupaciones del Ejecutivo en el ámbito judicial. En el caso del jefe de Gabinete, los episodios se suceden a diario y crecen las especulaciones sobre una posible citación. En cuanto a las universidades, algunos sectores dan casi por descontado un fallo de la Corte que obligue al giro de fondos conforme a la ley que el Ejecutivo no cumple, argumentando que la norma no contempla la partida presupuestaria correspondiente.
En el máximo tribunal, como es habitual, incomoda quedar en el centro de una controversia que no se resolvió en el plano político. Los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz fueron señalados por el Gobierno por su condición de docentes universitarios, lo que fue interpretado como una maniobra para dilatar los tiempos. El recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo busca extender la suspensión de la ley de financiamiento universitario.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) solicitó formalmente a la Corte que resuelva el tema con celeridad para evitar un agravamiento de la crisis presupuestaria. En paralelo, se descartó la posibilidad de una concentración frente a los Tribunales, limitándose al pedido de urgencia. Nadie ignora, especialmente los jueces, que han quedado expuestos como pieza clave de un conflicto de alcance nacional.
La manifestación del martes tuvo un fuerte mensaje de rechazo al Gobierno y reflejó la expectativa sobre la suerte judicial de una ley sancionada, vetada y luego ratificada por el Congreso en contra de la decisión presidencial. La movilización en Plaza de Mayo fue masiva y superó los alineamientos partidarios y sindicales. También tuvo alcance geográfico, con concentraciones en Córdoba, Rosario, Santa Fe, Mar del Plata, Mendoza, Salta, Jujuy, Resistencia y Corrientes. Esto demostró que el tema universitario, y educativo en general, no es menor ni afecta solo a los directamente involucrados. Tampoco implica un cheque en blanco para las autoridades universitarias.
El Gobierno descalificó la marcha antes y después de realizada, en un contexto de nuevos ajustes para mantener el superávit fiscal. Esto reafirma el peso del Ministerio de Economía sobre cualquier otra área a la hora de negociar. Es un dato relevante, mientras desde el Gobierno surgen mensajes informales sobre la posibilidad de retomar conversaciones con representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, volvió a ser la voz oficial en la materia. Tras repetir que la protesta era una movida “política”, afirmó que, más allá de la cantidad de asistentes, el límite sigue siendo presupuestario. “La ley nació muerta”, sostuvo. La posibilidad de una negociación parece postergada hasta que pasen algunos días, quizás a la espera del fallo de la Corte.
Cualquier avance debería tener correlato en el Congreso. La idea de negociar una nueva ley de financiamiento universitario requeriría un consenso amplio para encontrar una salida al conflicto. Hasta ahora, el intento inicial del Gobierno quedó estancado en la Cámara de Diputados.
El nuevo recorte presupuestario marca la línea del Ejecutivo y será un factor central en cualquier negociación. La decisión de la Corte será determinante, ya que según su sentido podría acelerar o demorar el inicio del diálogo con los rectores.
En el plano legislativo, reina la incertidumbre tanto en el oficialismo como en la oposición más dura, los dialoguistas y los socios de La Libertad Avanza. Los gobernadores, que en su mayoría buscan mantener puentes con el Gobierno, están complicados por la caída de la coparticipación, otros fondos nacionales y la recaudación local. El nuevo ajuste sorprendió a los jefes provinciales por su alcance, y algunos ven tambalear acuerdos alcanzados con esfuerzo en el marco de la reforma laboral.
Las señales de fragilidad en el Congreso son variadas. En los sectores más enfrentados al Gobierno, se postergó una semana la convocatoria a sesión de Diputados para una interpelación al jefe de Gabinete. En la vereda oficialista, las internas complican negociaciones con dialoguistas, como ocurrió en el Senado con la reforma electoral, debido a las tensiones entre Karina Milei y Patricia Bullrich.
El caso de Adorni tiñe gran parte de los movimientos del Gobierno, que desde hace más de dos meses busca recuperar el control de la agenda política. La última reunión de la mesa política del oficialismo repitió el respaldo al jefe de Gabinete, aunque sin la foto de rigor y con la ausencia de Santiago Caputo, y volvió a mencionar iniciativas para mover al Congreso. Habrá que esperar si el capítulo universitario reaparece en la agenda.