La administración nacional respondió a las acusaciones de la conductora de TN y prohibió el ingreso de los acreditados, argumentando grabaciones clandestinas y vulneración de normas internas.
El conflicto entre la Casa Rosada y la prensa escaló a un nuevo nivel. El Gobierno emitió un comunicado oficial a través de la cuenta «Oficina de Respuesta Oficial» en el que acusó a la periodista Luciana Geuna y a su equipo de mentir, grabar a escondidas y violar el reglamento interno del palacio presidencial. La respuesta oficial desglosó cinco puntos clave para refutar la versión periodística y justificar la decisión de prohibir el ingreso a todos los acreditados involucrados.
Según el comunicado, los cronistas utilizaron anteojos inteligentes ocultos para filmar, pese a que cualquier autorización para grabar en la Casa Rosada requiere una nota escrita por vía formal. El Gobierno señaló que el periodista Ignacio Salerno, quien recorrió los pasillos, admitió en vivo que «asumieron un riesgo», lo que evidenciaría que conocían las reglas y las posibles consecuencias.
Las autoridades también indicaron que las imágenes difundidas corresponden a áreas restringidas del edificio, no a sectores de libre tránsito. Como agravante, desde el oficialismo alertaron que Geuna presentó el segmento como «Capítulo I» y reconoció tener más material, lo que sugiere que no se trató de un hecho aislado.
Para respaldar su postura, el Gobierno difundió los artículos del Reglamento Interno que los periodistas firmaron al recibir sus credenciales. El documento califica como «falta grave» el registro de videos o fotografías en espacios no autorizados y advierte que la acumulación de infracciones o conductas temerarias es causal para revocar el acceso y la acreditación.
Horas antes, Geuna había intentado bajar el tono de la polémica en su programa «¿Y mañana qué?», donde aseguró que el informe era «inocente» y que avisaron previamente a los funcionarios de Prensa. Sin embargo, el oficialismo rechazó esa versión. La diputada Lilia Lemoine calificó de «mentira» la supuesta autorización, mientras que el presidente Javier Milei replicó en redes sociales mensajes que denunciaban un acto de «espionaje» y exigían mantener la sala de prensa cerrada por seguridad nacional.
El escándalo ya llegó a los tribunales de Comodoro Py. La denuncia penal, impulsada por la Casa Militar por exposición de información estratégica, recayó en el juzgado de Ariel Lijo. La causa vincula a los comunicadores con la supuesta divulgación de secretos políticos y militares, elevando la fricción entre el Poder Ejecutivo y los medios a un escenario judicial sin precedentes.