El máximo tribunal de Estados Unidos analiza el alcance de las «órdenes de geocerca», que permiten a la policía solicitar datos de ubicación de dispositivos en un área determinada. El caso podría redefinir los límites de la privacidad digital en investigaciones criminales.
La Corte Suprema de Estados Unidos evalúa el alcance legal de las “órdenes de geocerca”, un mecanismo que permite a las fuerzas de seguridad solicitar datos de ubicación de dispositivos móviles dentro de un área determinada. El debate se centra en si esta práctica se ajusta a la Cuarta Enmienda, que limita las búsquedas estatales sin justificación específica.
El análisis judicial se produce en el marco del caso Chatrie v. United States, cuyos argumentos fueron expuestos el lunes 27 de abril. La resolución del tribunal podría redefinir los criterios sobre privacidad digital en investigaciones criminales.
El proceso judicial tiene su origen en un asalto ocurrido en mayo de 2019 en una entidad financiera en Midlothian, Virginia. En ese hecho, un individuo armado robó US$195.000 y se retiró sin dejar evidencia directa que permitiera su identificación. Ante la ausencia de testigos concluyentes o registros visuales, los investigadores recurrieron a una orden judicial para obtener información de ubicación de dispositivos cercanos al lugar del delito en un período específico.
Como resultado inicial, se identificaron 19 dispositivos presentes en la zona. A partir de ese conjunto, la policía avanzó con un proceso de análisis de movimientos que permitió reducir el número de posibles implicados. Según lo retomado por NBC News, el procedimiento aplicado se desarrolló en etapas: el elemento determinante fue la activación de una función de registro de ubicaciones en el dispositivo, que generaba un historial detallado de movimientos. Esa información permitió reconstruir la presencia del sospechoso en el área.
En este contexto, el eje del conflicto radica en determinar si este tipo de solicitudes constituye una búsqueda generalizada o si puede considerarse una herramienta válida cuando existen indicios de delito, aun sin un sospechoso identificado desde el inicio.
La defensa sostuvo que este método implicó una recopilación masiva de datos de personas sin relación con el delito. Según esta postura, la práctica no cumple con el requisito de especificidad exigido por la Constitución, ya que no parte de un individuo determinado. “La orden judicial basada en geolocalización en este caso no cumple con los requisitos de causa probable y especificidad de la Cuarta Enmienda”, indicó la defensa de Chatrie en un escrito de amicus curiae. El escrito indica que este procedimiento “recopiló información de ubicación de un amplio grupo de personas para fundamentar dicha sospecha”. Además, se advirtió que este tipo de herramientas podría extenderse a otros ámbitos, como la identificación de participantes en protestas o la reconstrucción de actividades personales, lo que afectaría derechos vinculados a la expresión y la asociación. “Por todas estas razones, el escrito insta al Tribunal a revocar la sentencia del Cuarto Circuito y declarar inconstitucional la orden judicial basada en la geocerca”, indicó la defensa.
Por su parte, el gobierno federal argumentó que los usuarios entregan voluntariamente su información al activar funciones como el Historial de Ubicaciones de Google, lo que reduciría su expectativa de privacidad. También sostuvieron que estas técnicas son necesarias en casos donde no existen otros medios de investigación disponibles. “La emitida en el caso de Chatrie fue legal porque las fuerzas del orden tenían motivos fundados para creer que Google tenía información que ayudaría a identificar al ladrón que usaba un teléfono celular”, indicó el procurador general D. John Sauer, quien defiende esta práctica, según lo retomado por NBC News.
La decisión de la Corte será relevante para establecer estándares sobre el uso de datos digitales en investigaciones.