Este martes inicia en Córdoba un jury de enjuiciamiento contra tres fiscales por su desempeño en la investigación del crimen de 2006. La familia de la víctima declarará en un proceso que revisará la labor de los acusadores, quienes apuntaron inicialmente al entorno familiar.
Este martes 21 de abril comienza en la Legislatura de Córdoba un jury de enjuiciamiento para evaluar el desempeño de los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, quienes estuvieron a cargo de la investigación del homicidio de Nora Dalmasso ocurrido en Río Cuarto en noviembre de 2006.
El proceso judicial, que se extenderá hasta el lunes 27 de abril, escuchará el testimonio de 37 testigos, entre ellos el viudo Marcelo Macarrón, sus hijos Facundo y Valentina, y el abogado de la familia, Gustavo Liebau. También declarará el fiscal Pablo José Jávega, quien recibió la causa cuando ya estaba próxima a prescribir y ordenó las pruebas de ADN que vincularon al parquetista Roberto Bárzola con la escena del crimen.
Dalmasso fue hallada sin vida en su domicilio de Villa del Golf, víctima de violación y estrangulamiento. La investigación inicial se centró en su familia, incluyendo la acusación y posterior absolución de su esposo en 2022, y de su hijo Facundo, quien fue sospechoso siendo menor de edad.
A fines de 2024, análisis genéticos determinaron que el ADN hallado en el cinto de la bata de baño usado para asesinarla y en un vello púbico de la víctima correspondía a Bárzola, quien trabajaba en la casa y había tenido una discusión con Dalmasso días antes. La familia había solicitado en reiteradas ocasiones, desde 2007, que se le tomaran muestras a Bárzola, pedidos que fueron denegados por los fiscales ahora enjuiciados.
El jury, integrado por legisladores oficialistas, opositores y un miembro del Tribunal Superior de Justicia, presidido por Julieta Rinaldi, analizará si los fiscales incurrieron en mal desempeño por focalizar la investigación en la familia y no seguir otras líneas.
Paralelamente, la familia Macarrón continúa con un reclamo ante el Superior Tribunal de Justicia de Córdoba para que se revise el sobreseimiento de Bárzola, dictado en octubre de 2025 por la Cámara Criminal de Río Cuarto, que consideró prescripta la acción penal.