viernes, 17 abril, 2026
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El gobierno de Estados Unidos propone que los bancos reporten información migratoria de sus clientes

Una orden ejecutiva en elaboración exigiría a las entidades financieras verificar el estatus legal de sus usuarios, una medida que genera debate por su impacto económico y logístico.

El gobierno de Estados Unidos confirmó su intención de imponer un mandato para que los bancos recopilen datos sobre la ciudadanía o el estatus migratorio de sus clientes. La iniciativa, alineada con medidas que favorecen el envío de información al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), obligaría a demostrar la situación legal de cada persona.

Scott Bessent, secretario del Tesoro bajo la administración de Donald Trump, adelantó recientemente esta medida. Según informó CNBC, si se aplica, expondría la información de millones de migrantes en el sistema bancario estadounidense. Bessent manifestó que hay una orden ejecutiva en elaboración que exigirá a los bancos solicitar documentos adicionales a sus clientes para verificar si son ciudadanos, residentes permanentes o tienen un permiso válido para estar en el país.

El argumento del gobierno federal, expresado a través de Bessent, es que conocer el estatus legal de los clientes es fundamental para cumplir con las normas «Conozca a su Cliente» (KYC), diseñadas para combatir el lavado de dinero. El funcionario también señaló que otros países han impulsado medidas similares y que los inmigrantes indocumentados no tendrían que estar dentro del sistema bancario de EE.UU.

Sin embargo, la propuesta ha generado distintos cuestionamientos. Los argumentos en contra mencionan factores de inclusión de los extranjeros y dificultades logísticas para el sistema bancario. Expertos señalan que, al excluir a inmigrantes sin estatus legal, se los obligaría a operar solo en efectivo, lo que dificultaría el pago de impuestos y limitaría el crecimiento económico.

Por otro lado, los bancos han expresado quejas por las exigencias logísticas. La verificación podría suponer costos adicionales estimados entre 2600 y 5600 millones de dólares, además de una pérdida significativa de tiempo en trámites. Bessent remarcó que, si el Tesoro lo ordena, los bancos tienen la obligación de acatar la normativa.

Esta propuesta se enmarca en una serie de medidas para integrar el ámbito financiero con el control migratorio. Según The Wall Street Journal, la regla se aplicaría no solo a nuevos clientes, sino también a los usuarios ya existentes, lo que obligaría a los bancos a realizar una verificación masiva.

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