Un informe global revela que solo el 4% de las mujeres vive en países con igualdad legal casi plena. Aunque las reformas avanzan, la implementación y los servicios de apoyo siguen siendo deficientes.
Si bien las leyes diseñadas para garantizar la igualdad económica de las mujeres han mejorado en el papel, su aplicación efectiva dista de ser completa. Según el último informe del Banco Mundial, solo cuatro de cada cien mujeres viven en economías donde la igualdad legal es «casi» plena. A nivel global, las mujeres tendrían, en teoría, dos tercios de los derechos legales de los hombres si todas las normativas se aplicaran en su totalidad.
En los últimos dos años, 68 economías introdujeron 113 reformas legales positivas, con avances significativos en áreas como el empresariado y la seguridad frente a la violencia. África subsahariana lideró los cambios, implementando 33 reformas, incluyendo la eliminación de prohibiciones laborales para mujeres en sectores como la construcción. Egipto fue el país con más reformas, mejorando su calificación en casi 10 puntos.
Sin embargo, el estudio incorporó por primera vez un diagnóstico sobre la aplicación efectiva de estas leyes. La conclusión es contundente: las economías cuentan, en promedio, con menos de la mitad de las políticas y servicios necesarios para hacer cumplir las normas. Mientras el puntaje promedio en igualdad legal es de 67 sobre 100, este cae a 53 en cumplimiento y a solo 47 en los sistemas para ejercer esos derechos.
«Las cifras reflejan enormes brechas de oportunidad», afirmó Indermit Gill, economista en jefe del Grupo Banco Mundial. Un ejemplo claro es el acceso al crédito: aunque las mujeres pueden iniciar negocios en igualdad de condiciones legales en casi todas las economías, solo en la mitad se promueve la igualdad en el acceso a financiamiento.
La política de cuidados también presenta una traba significativa. Menos de la mitad de las 190 economías analizadas tienen leyes que brindan apoyo financiero o tributario a las familias, y de ellas, solo se ha implementado el 30% de las políticas necesarias para respaldar servicios de cuidado infantil.
En Argentina, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU (Cedaw) ha señalado retrocesos. Un análisis del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) destaca la eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y la reducción presupuestaria en partidas para prevenir la violencia. Aunque el país tiene un puntaje legal alto (superior a 80), carece de un presupuesto adecuado para aplicar esas normas. El Comité también expresó preocupación por el debilitamiento en la implementación de la Ley Micaela y por discursos públicos que relativizan las desigualdades estructurales, señalando que la reciente reforma laboral podría tener un impacto desproporcionado.