Pasaron veinte meses de la desaparición de Loan Danilo Peña y todavía no hay definiciones. No solo no se sabe que le pasó sino que tampoco hay precisiones sobre el inicio del juicio contra los presuntos responsables. Es que en la audiencia preliminar, lo que hasta ahora era una fecha definida –el 7 de octubre de 2026– quedó bajo revisión, y será el propio Tribunal Oral Federal de Corrientes el que deberá decidir cuándo comenzará uno de los juicios más sensibles de los últimos años.
La audiencia se llevó a cabo en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste. Allí, los jueces Fermín Amado Ceroleni, Simón Pedro Bracco, Eduardo Ariel Belforte y el magistrado sustituto Enrique Bosch encabezaron una audiencia clave, destinada a ordenar la prueba y fijar las reglas del futuro debate.
El objetivo formal era técnico: depurar el expediente, limitar la prueba a lo relevante y evitar que el juicio se extendiera innecesariamente. Por eso, el tribunal concedió a las partes un plazo de 15 días para que revisen sus ofrecimientos y ajusten sus estrategias. También confirmó que el proceso sería presencial y que tendría una extensión prevista de varios meses.
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Sin embargo, el eje de la audiencia cambió cuando el fiscal general Carlos Adolfo Schaefer tomó la palabra y pidió revisar el cronograma. El funcionario judicial advirtió que el caso exige una respuesta judicial urgente y recordó que el niño sigue desaparecido. Su pedido encontró eco no solo en la querella, sino también en algunas defensas.
El planteo obligó al tribunal a retroceder sobre su propia decisión. Tras un cuarto intermedio, los jueces anunciaron que reconsiderarán la fecha de inicio y que informarán el nuevo cronograma cuando se dicte el auto de admisión de prueba. La definición dejó al juicio sin un inicio confirmado y abrió la posibilidad de un adelanto.
La audiencia también dejó expuesta otra disputa menos visible, pero igual de relevante. Schaefer cuestionó que se limite la intervención conjunta de fiscales y auxiliares, al sostener que el trabajo en equipo no solo está permitido por la ley, sino que fortalece la investigación y garantiza su eficacia. Incluso dijo que, si se mantiene esa restricción, recurrirá ante la Cámara de Casación.
En paralelo, la fiscal general subrogante Tamara Ahimará Pourcel delineó la estrategia probatoria. Señaló que el Ministerio Público Fiscal planea convocar a declarar a más de un centenar de testigos y que, dependiendo de la postura de las defensas, ese número podría ampliarse.
Las querellas, por su parte, pidieron nuevas medidas, entre ellas una reconstrucción de los hechos y el análisis de comunicaciones entre los imputados, lo que anticipa un debate centrado no solo en lo ocurrido, sino también en las conductas posteriores.
El juicio reunirá dos expedientes en uno solo. En el primero, siete personas están acusadas de haber intervenido en la sustracción y el ocultamiento del niño. En el segundo, otros diez imputados enfrentan cargos por presuntas maniobras destinadas a desviar la investigación.
Desde la desaparición, el expediente acumuló peritajes, testimonios, análisis de dispositivos electrónicos y múltiples diligencias, pero nunca logró responder la pregunta central: ¿qué pasó con Loan?