La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, alcanzó un acuerdo político con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, para traspasar los juzgados nacionales de competencia laboral a la Ciudad de Buenos Aires, y en la Casa Rosada reconocen que el proceso será judicializado.
De esa manera, el Gobierno de Javier Milei se expone a que una parte central de la reforma laboral que este miércoles fue aprobada en el Senado con 42 votos afirmativos y 30 rechazos sea impugnada en la Justicia.
“Seguramente la van a judicializar, pero la vamos a pelear hasta la última instancia”, resumieron ante PERFIL altas fuentes del oficialismo libertario.
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
El traspaso de los juzgados laborales nacionales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires abrió una serie de interrogantes sobre el acuerdo entre la Casa Rosada y Uspallata, la sede del gobierno porteño. Aunque se trata de una deuda histórica de la Nación con la Ciudad, no queda claro si detrás existe un acuerdo político con proyección electoral hacia 2027.
Reforma Laboral: cuáles son los cambios que acordó Bullrich con la oposición
“Delégase en el Jefe de Gabinete de Ministros la facultad de suscribir, en representación del Estado Nacional, un acuerdo de transferencia de competencias relativas a la función judicial en materia laboral del ámbito nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, sostiene el artículo 1° del Decreto 95/2026, firmado el 9 de febrero.
En efecto, será Manuel Adorni, jefe de Gabinete y uno de los principales candidatos de La Libertad Avanza en la Ciudad, quien tendrá a su cargo llevar adelante la transferencia de competencias judiciales.
El miércoles, en la previa de la sesión del Senado, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) se reunió con Patricia Bullrich, con la vicepresidenta Victoria Villarruel y con representantes de otros bloques parlamentarios, donde se transmitió la preocupación por el traspaso de los juzgados laborales y quedó planteada la posibilidad de judicializar la medida.
Reforma laboral: qué cambia con las indemnizaciones de los trabajadores con la nueva ley
Sin embargo, Karina Milei decidió avanzar y el traspaso recibió media sanción, quedando pendiente la aprobación definitiva en la Cámara de Diputados.
“Desde el primer día lo dijimos: la Ciudad debe ser plenamente autónoma. La Corte Suprema lo ratificó en el fallo Levinas y ahora los legisladores empezaron a saldar una deuda histórica”, destacó el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, en sus redes sociales.
Tapia mantiene diálogo permanente con el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, quien en los hechos conduce la política judicial del Gobierno de Milei.
En ese contexto volvió a reflotarse el nombre de Daniel “Tano” Angelici, el histórico dirigente del radicalismo porteño con fuertes vínculos en el poder judicial. Allí las fuentes se dividen: por un lado, algunos despachos sostienen que Angelici no tuvo participación en el acuerdo; otras voces afirman que el «Tano» siempre está al tanto de los movimientos en la Justicia y en la política judicial de la Ciudad.
En la Casa Rosada defendieron el traspaso de competencias y aseguraron que será acompañado por los recursos correspondientes. También remarcaron que no se puede impulsar una reforma laboral moderna manteniendo estructuras judiciales del “viejo orden”.
Algunas voces conocedoras de los pasillos tribunalicios deslizan que el traspaso podría implicar el cierre de los juzgados nacionales del trabajo y directamente “cerrar el fuero laboral que odian”.
Desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respondieron que desde 2024 vienen impulsando un fuero laboral porteño, que el Consejo de la Magistratura de la Ciudad abrió concursos para jueces laborales durante el año pasado y que se creó una comisión de trabajo conjunta con la Nación. Además, aclaran que el nuevo fuero laboral porteño atenderá principalmente demandas individuales de trabajadores, en el marco del proceso de autonomía judicial de la Ciudad.