La relación de las diversas vertientes de la política económica con el sector agropecuario es ambigua. Puntualmente, cada año en ocasión de la Exposición Rural, cada ministro o secretario del área guarda un as en la manga, aunque muchas veces las exigencias de caja, de las reservas del Banco Central o del oportunismo político las reduzcan a un ancho falso. Pero también, desde hace al menos 70 años, la imposición de derechos de exportación fue una herramienta eficaz, instantánea y aparentemente de daño de baja intensidad frente a otras alternativas fiscales.
Vacas flacas
Esta vez el anuncio de una baja “permanente” de entre 20% y 25% en los derechos de exportación (de 33% a 26,5% en el caso de la soja, la que más tributaba) tuvo un componente de oportunidad política para un sector que exige la desaparición de las retenciones, pero también una realidad más difícil de admitir: la escasez proyectada de divisas.
Durante el primer semestre, el complejo agroindustrial liquidó exportaciones por más de US$15.400 millones y la proyección para este año que realiza la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) terminará representando el 73% de todas las exportaciones. Sin embargo, a más largo plazo, la aparición de otros núcleos exportadores (básicamente la energía, la minería y en menor escala, los servicios) los convertirá en los principales proveedores de divisas en cuatro años y en ocho años, el saldo neto del comercio internacional de estos sectores duplicaría el de este año: US$89.000 millones frente a US$48.000 millones proyectados para 2025. Claro que para que esto ocurra, debería confirmarse el caudal de inversiones (sobre todo las anunciadas en el régimen del RIGI) dada la escala necesaria para los sectores involucrados. No es descabellado porque actualmente, Argentina exporta sólo el 10% de todo lo que vende Chile, que comparte la misma formación geológica.
El nivel de reservas es la variable en alerta amarilla desde principios de año. A partir de abril, con la inyección de fondos concretada por el Fondo Monetario Internacional (en realidad una compensación para no pagar los servicios de deuda) trajo alivio a este karma de la política económica de la última década, pero no una solución definitiva. Todo indica que el Directorio del FMI también avalará el desembolso que le permitirá al Gobierno abastecer de US$2.000 millones al Banco Central. Pero resta conocer el detalle de la revisión técnica y las recomendaciones, aunque se descuenta que una de ellas será la de no ceder en el compromiso de acumular reservas, por lo que restarían aproximadamente US$5.000 millones para concretar la meta establecida. Esto, probablemente acelerará la poca actividad en la compra de reservas, aunque el ministro Caputo anunció que en las últimas cinco semanas se habían adquirido US$1.500 millones. Estas variables son las que, en definitiva, en expectativas alcista del dólar para fin de octubre, aun considerando un resultado favorable al oficialismo y sin la aparición de ningún cisne negro.
La meseta
La reciente convulsión en el mercado financiero también está asociada, la decisión del Banco Central de corregir las consecuencias provocadas por el desarme de las Lefis (que inundó a la plaza con $15 billones), su impacto sobre la volatilidad de las tasas y sobre el programa financiero del Tesoro. Las dudas surgen si, luego de octubre seguirá la opción de una política deflacionista a riesgo de incomodar la situación macro dos años más tarde o si, en cambio, se buscará recalibrar readaptando el esquema de bandas cambiarias dando una señal clara de acumulación de reservas a un tipo de cambio más alto.
Los números dan una plataforma de estabilidad a otras dos variables clave en un año electoral: la confianza en el Gobierno y el nivel de actividad. Para junio, el Índice de Confianza en el Gobierno que elabora la Universidad Torcuato Di Tella fue de 2,45 puntos, 4,9% más respecto de junio; 9,6% mayor al de julio de 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri y 44,3% mayor al de julio de 2021, durante la gestión de Alberto Fernández. Por otro lado, el INDEC dio a conocer el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a mayo, con una leve caída de 0,1% en comparación con abril, un crecimiento del 5% interanual y un crecimiento de 6,1% de los primeros cinco meses del año. “La recuperación iniciada a mediados de 2024 se interrumpió en febrero de este año; a partir de marzo -mes previo a la salida parcial del “cepo” cambiario-, la economía argentina comenzó a mostrar signos de estancamiento, con una desaceleración en el ritmo de crecimiento”, analiza en su último informe semanal la consultora Invecq.
En este contexto, la decisión de rebajar las retenciones también obedece a una forma de adquirir más reservas sin la necesidad de sacrificar el camino descendente de la inflación ni de subir tanto la tasa de interés que aborte cualquier indicio de reactivación.
Radiografía fiscal
Para el economista jefe de Invecq Matías Surt, el anuncio de baja de los derechos de exportación generó una discusión sobre la estructura tributaria argentina. “La reducción del gasto público, que en su mayoría fue licuación, ya dio casi todo lo que podía dar. Seguramente haya lugares donde se pueda ajustar y aun no se ha hecho, pero no será significativo. Y también hay lugares donde se ajustó y debería mejorarse”, analiza.
Para el economista Dante Romano, profesor e investigador de la Escuela de Agronegocios de la Universidad Austral, la tendencia hacia una baja permanente de las retenciones haría subir muy fuerte el área sembrada de la soja en detrimento del maíz, pero sumaría áreas marginales que podrían ser rentables con un mejor precio. “Quizás los granos robarían área a otras actividades en el largo plazo y, además, con esos precios se fertilizaría mucho más, como indicador de actividad”, explica.
En cambio, otros economistas ven el paso dado como necesario, pero insuficiente. Para Jorge Colina, presidente de IDESA, los derechos a la exportación son un muy mal impuesto porque desalienta la producción y como ejemplo, señala que a comienzo de siglo la Argentina tenía una producción de granos similar a la de Brasil, mientras que en la actualidad es menos de la mitad. Una de las principales explicaciones es que Brasil, al igual que la mayoría de los países, no aplican impuestos sobre sus exportaciones agropecuarias. “Pero el problema no son solo las retenciones, sino que, junto con ellas, el Estado apela a otros tributos distorsivos que también dañan la competitividad de la producción nacional”, subraya. Por ejemplo, según el Ministerio de Economía el año pasado se observaba que 2024, se observa que el Estado nacional aplica derechos de exportación por el 1,0% del PBI y el impuesto al cheque por el 1,6% del PBI. Además, las provincias aplican el impuesto sobre los Ingresos Brutos y el impuesto a los Sellos con los que recaudan aproximadamente el 3,9% y 0,4% del PBI, respectivamente. Finalmente, los municipios aplican tasas a las ventas con los que estarían recaudando no menos del 0,5% del PBI. Es decir que los impuestos que más dañan la competitividad representan aproximadamente el 7,4% del PBI ($1 de cada $4 recaudado en total). En esta perspectiva, la reducción parcial de los derechos de exportación (0,2% del PBI) es un alivio marginal para la producción, pero un gran esfuerzo fiscal para el Estado ya que representa dos tercios del superávit financiero. Porque la producción agropecuaria, además, enfrenta costos engordados por impuestos y falta de competitividad en lo insumos. “Resulta muy contradictorio que un tenue alivio para la producción y solo para el sector agroexportador sea un escollo tan grande para las finanzas públicas nacionales”, concluye. El año electoral no genera desequilibrios, sino que los desnuda y fortalece la intensidad de las demandas. Porque mientras la economía no crezca, la frazada será siempre más corta que lo que se precisa.