Si bien el Gobierno está embarcado en terminar con las intermediaciones con los seguros oficiales, aún hoy quedan un 15% de pólizas de Nación Seguros con organismos estatales de las que participan los famosos «brokers», según reconocen en el propio oficialismo, donde admiten que en algunos casos no resultará fácil concluir con ese tipo de vínculo.
Mientras tanto, siguen los devaneos oficiales acerca si se avanzará o no en la derogación del decreto 823/2021 que firmó Alberto Fernández, y obliga a los entes públicos a contratar a Nación Seguros lo que, a la postre, permitió la aparición de estos gestores sospechados de cobrar suculentas comisiones,
En el Jefatura de Gabinete reconocen que tienen la intención prohibir este tipo de intermediaciones pero que la reforma está prevista para «más adelante». Hoy en el Ejecutivo no hay definición sobre qué cambios normativos realizar para, eventualmente, poder habilitar la licitación de las pólizas o la creación de auto seguros como finalmente terminó implementando la Anses, donde, en febrero pasado, se destapó el escándalo revelado por Clarín.
El equipo que comanda el asesor presidencial Federico Sturzenegger, por su parte, elaboró un proyecto para derogar la normativa y crear nuevas condiciones legales para estos contratos. Pero nunca se oficializó en el Boletín Oficial.
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El expresidente se defendió de las acusaciones de corrupción y dijo que tiene «la tranquilidad» de no haber cometido «ningún hecho indebido».
Pese a las denuncias judiciales que realizó Sandra Pettovello tras haber detectado varias maniobras con productores en las secretarías dependientes de Capital Humano, una calificada fuente oficial no consideró «ilegal» designar a un productor y lo justificó en casos en que el Estado debe asegurar una numerosa flota de autos o en áreas donde demuestra cierta ineficiencia. Sin embargo, en el Gobierno prima la idea de que «cuentas cautivas», como las que cubren al personal o a los inmuebles de determinados organismos, no necesitan de productores toda vez que están vinculadas en forma directa con Nación Seguros.
Empero, la principal razón por la que se demora la continuidad o no del mentado decreto es que aún no hay acuerdo en qué herramienta legal utilizar sin descuidar los seguros de organismos, como Corredores Viales, por ejemplo, que deben dar cobertura a la concesión de las distintas rutas nacionales.
Pese a las versiones de un posible recambio de autoridades en Nación Seguros, en Casa Rosada confirmaron al actual titular, Alfonso Torres, y al resto de las autoridades. El propio Torres, que tiene cercanía con Martín Menem y con el vicepresidente del Banco Nación, Darío Wasserman, ratificó al actual gerente general de la firma, Mauro Tanos, que venía siendo cuestionado por distintos actores del mercado del seguro porque había trabajado en el organismo durante la gestión de Alberto Fernández y en enero había sido «ascendido» a dicho cargo.
Como sea, en el oficialismo aducen que la designación de los «brokers» correspondía a los propios organismos. Es por eso que hoy son los propios ministerios, como Capital Humano, Justicia o la Cancillería, los que han enviado notas a la aseguradora del principal banco del país para cortar los vínculos con estos agentes.
Desde Nación Seguros aseguran que la eventual derogación del decreto 823 depende del Ejecutivo y que el plan en marcha para desligar a los agentes de las pólizas oficiales ya alcanzó al 85% del total de los contratos. Por eso aún quedan brokers en organismos como Corredores Viales o el INVAP -que pese a ser una firma de la provincia de Río Negro cuenta con un pequeño aporte del estado nacional- que, según admiten el oficialismo, serán difíciles de remover.
Otro de los temas que desnudó el escándalo son los reaseguros de las grandes empresas públicas en el exterior, que manejarían sumas siderales en cuentas radicadas en los Estados Unidos, por caso. Se trata de los reaseguros de firmas como Aerolíneas Argentinas, YPF o la represa de Yacyretá. En el oficialismo aseguran que estos convenios se hacen en forma «directa» con grandes jugadores del sector del seguro. A una funcionaria consultada, no obstante, le sorprende que no se haya podido «licitar» este tipo de servicio. Hoy, con todo, la mira del Ejecutivo está puesta en los seguros regidos por el decreto 823.