Fuerte controversia por la imposición de una tasa al transporte de cargas en una comuna de Santa Fe

El municipio de Sancti Spiritu anunció la implementación de una tasa para el transporte de cargas, y desató una controversia en la provincia de Santa Fe. Las gremiales agropecuarias manifestaron su rechazo, calificando la medida como un “impuesto distorsivo” que afectará a transportistas con domicilio fuera de la localidad.

La medida, impulsada por el jefe comunal Cristian Vincenti, gravará con el 1% de la facturación total a los transportistas cuyo origen de carga sea en Sancti Spiritu, generando preocupación en el sector agropecuario.

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Además, se establece que los agentes de retención serán responsables de aplicar la tasa, la cual deberá abonarse al momento de contratar los servicios de carga, con un mínimo equivalente a 5 litros de gasoil.

En tanto, desde la comuna advirtieron que en caso de incumplimiento, se impondrá una multa equivalente a 300 litros de gasoil mensuales hasta que se abone el importe adeudado.

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Asimismo, los ruralistas santafesinos rechazaron la medida en un comunicado conjunto titulado “Al borde de la ilegalidad”, firmado por Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), Sociedad Rural Argentina (SRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Coninagro.

En este contexto, denunciaron que la medida municipal es “un impuesto distorsivo” que viola los límites constitucionales al no tener en cuenta las leyes vigentes ni el contexto de Emergencia Agropecuaria que aún afecta a Santa Fe.

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Además, las entidades del campo santafesino expresaron su preocupación por la decisión de la Comuna, argumentando que “sobrepasa los límites constitucionales al interferir con la libertad de contratación, la libre circulación y la creación de nuevos tributos”.

En su comunicado denunciaron que la medida constituye un impuesto distorsivo que afecta negativamente a los contribuyentes, ya que “la Comuna carece de facultades para imponer impuestos de manera arbitraria según lo dispuesto por la ley provincial”.

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Asimismo, destacaron que la denominada “tasa” no constituye un servicio público, como se requiere para imponer tasas, sino que es una imposición pecuniaria injustificada”. En este sentido, instaron a las autoridades comunales “a actuar dentro del marco legal establecido y a respetar los derechos y garantías de los ciudadanos”, asegurando que la imposición de tributos se base en principios de equidad y justicia fiscal.

Por último, enfatizaron la importancia de revisar detenidamente cualquier medida que pueda afectar negativamente a los contribuyentes y buscar soluciones que promuevan el bienestar y el desarrollo de la comunidad en su conjunto.

Concluyeron haciendo un llamado a las autoridades para que “respeten el ordenamiento jurídico y garanticen un ambiente propicio para el crecimiento y la prosperidad de la región”.