domingo, 21 julio, 2024
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La Coalición Cívica denunció a Rodolfo Barra y piden que renuncia por asesorar a Cristina Kirchner

Después de que el abogado de Cristina Kirchner pidiera que se anule la condena en el caso Vialidad, utilizando un dictamen escrito por Rodolfo Barra -actual Procurador del Tesoro- los dirigentes del Ari-CC Mariana Zuvic y Maximiliano Ferraro, presentaron ante la Oficina Anticorrupción una denuncia por posible conflicto de intereses y pidieron la remoción del jefe de los abogados del Estado.

Durante dos horas, Carlos Beraldi, abogado defensor de la ex vicepresidenta, reiteró lo que ya había sostenido en otras instancias: el juicio del caso Vialidad «es una persecución política, no hay sustento jurídico para la acusación».

En el planteo formal, la defensa ante la Cámara de Casación sostuvo que el proceso penal se trató de un “acto de arbitrariedad monumental” y solicitó que «se corrijan todos esos vicios porque es una sentencia arbitraria, y pedimos que absuelva a Cristina Kirchner”.

Lo más novedoso a la hora de exponer los argumentos en base a los cuales solicita la absolución, fue la utilización de un dictamen que requirió Cristina Kirchner. Ese documento fue confeccionado por Rodolfo Barra, actual Procurador del Tesoro, es decir: el jefe de los abogados del Estado.

Ante esta inédita situación, el Ari-CC representado por Mariana Zuvic y Maximiliano Ferraro hicieron un planteo ante la Oficina Anticorrupción (OA) que dirige Alejandro Melik considerando que se podría estar ante un conflicto de intereses.

«Vengo a solicitar se dictamine en virtud de la posible existencia de un conflicto de intereses insalvables que atañen a la responsabilidad institucional y actividades privadas del Procurador del Tesoro de la Nación Dr. Rodolfo Carlos Barra», inicia la denuncia a la que accedió Clarín.

En este mismo sentido, lo que se requirió ante la OA es que se inste al Presidente de la Nación a que «proceda a la remoción de su cargo».

Los dirigentes opositores, entienden que la continuidad en el cargo de Barra, quien tiene la responsabilidad de resguardar los intereses del Estado, «atentaría contra la transparencia institucional del gobierno posibilitando la eventual comisión de delitos que atentan contra la Administración Pública».

Cristina Kirchner para dar sustento a su planteo de nulidad de la sentencia condenatoria, utilizó argumentos esgrimidos por Rodolfo Barra. «Es de público y notorio que nuestras ideas y nuestra militancia política son diametralmente opuestas, pero los textos de la Constitución y de las leyes dictadas en su consecuencia, en esto sí coincidimos con el Dr. Barra», dijo la ex vice desde sus redes sociales.

En lo que al expediente judicial concierte, Beraldi explicó que le formularon cinco preguntas a Barra y sus respuestas fueron utilizadas durante la audiencia de este jueves.

El Procurador del Tesoro atribuye al Jefe de Gabinete «la competencia constitucioal para ejercer la administración general del país y ejecutar el presupuesto nacional,» recuerda que la Dirección Nacional de Vialidad «es autónoma y sujeta a controles del Ministerio de Economía, pero no recibe instrucciones directas del Presidente».

Sobre este punto, Barra concluye que «no hay responsabilidad penal objetiva del Presidente por el decreto ni por posibles delitos relacionados con contratos u obras», ya que «el Congreso y la Auditoría General de la Nación aprobaron cuentas relacionadas con la gestión, respaldando la legalidad».

El dictamen citado indica: «En conclusión, el Presidente no tiene responsabilidad administrativa ni penal en el caso, ya que es ajeno a la administración general, función a cargo del Jefe de Gabinete».

Al analizar la situación, Zuvic y Ferraron manifestaron ante la OA la situación judicial de Cristina Kirchner, es «de conocimiento público, como la condena que pesa, en primera instancia a seis años de prisión», considerándola una de las causas «más resonantes comúnmente referida como “Vialidad”.

Aunque no es esta la única causa que la ex vicepresidenta enfrenta por presuntos hechos de corrupción, los dirigentes del Ari-CC indicaron que este expediente «es la más relevante para fundamentar el pedido de remoción del doctor Barra al frente de la Procuraduría del Tesoro de la Nación».

Al argumentar el pedido, la ex diputada nacional que a su vez fue testigo durante el juicio oral, señaló que «la opinión experta fue realizada en términos favorables para los intereses de la señora Fernández y, aunque haya sido en su carácter de experto privado, existiría un conflicto de intereses claro e innegable entre dicha opinión y sus actuales funciones públicas como responsable del cuerpo de abogados del Estado argentino, ya que tiene el deber de defender al Estado en los juicios».

Una línea más agregaron a dicho planteo: «La pérdida de credibilidad resulta irreparable».

Hay un dato que no es menor: Barra, debe decidir si impulsará la acción civil contra Cristina Kirchner por daños y perjuicios, estimados en 22.300 millones de pesos, donde se consideró al Estado como el damnificado por el 50% de obras viales que Lázaro Báez cobró pero dejó inconclusas.

Ese juicio fue iniciado desde el Estado por la gestión de Mauricio Macri. Aún no se conoce cuál es el criterio que adoptará la administración de Javier Milei al respecto.

Instruir a los abogados de Vialidad Nacional en representación del pedido de resarcimiento económico, será responsabilidad de Rodolfo Barra.

Desde el Ari-CC indicaron que el conflicto de intereses «se habría configurado, en este caso, porque se representaría una confrontación entre el interés público y los intereses privados del doctor Barra, es decir, cuando este tiene intereses personales que podrían influir indebidamente sobre el desempeño de sus deberes y responsabilidades. Es imposible ocultar dichos intereses con el dictamen al que accedió la ciudadanía».

Al concluir la denuncia ante la OA, Zuvic y Ferraro insistieron: «En resumidas cuentas, el principal responsable de defender los intereses del Estado es juez y parte. Es imposible aceptar la continuidad de un nombramiento como el del doctor Barra al frente de la Procuraduría del Tesoro de la Nación».

Estamos, indicaron, «ante una ausencia de aptitudes de fondo que afectan la ética, moral, veracidad de alguien que vela por nuestros intereses a costa del erario. Su remoción inmediata es inexcusable».

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