La aseguradora Bachellier S.A., vinculada a Héctor Martínez Sosa, amigo y acreedor de una deuda con el expresidente Alberto Fernández, cobró más de 800 millones de pesos durante el 2022 y el 2023 por haber sido designada como intermediaria para subcontratar seguros del Ministerio de Seguridad de la Nación. Así lo demuestra la documentación oficial sobre esta trama a la que tuvo acceso Clarín, sumada a información sobre el tema obtenida de fuentes oficiales.
¿Por qué esa empresa fue beneficiada con contratos financiados con dinero público si los seguros para bienes y servicios estatales son contratados por el Gobierno a través de otro organismo, Nación Seguros?
El propio ministerio de Seguridad, bajo presidencia de Fernández (Alberto), firmó convenios para designar un intermediario con Nación Seguros, del que podría recibir asesoramiento relativo a “todo tipo de gestión comercial, administrativa” y sobre “las pólizas (de seguros) vigentes y las que oportunamente sean contratadas por este Ministerio”.
Tal como publicó Clarín el lunes pasado, la ministra de Seguridad de la gestión Milei, Patricia Bullrich, ordenó dar de baja el contrato con Bachellier S.A, logrando un ahorro para el Estado de unos 500 millones de pesos. Es lo que hubiese cobrado ese broker si renovaba sus convenios con el organismo para el 2024. Es lo que intentó.
Los 800 millones que ya había cobrado Bachellier S.A durante dos años corresponden a 300 millones de pesos de comisiones por seguros contratados para Seguridad por el Banco Nación para el 2022, y a 500 millones más del 2023, actualizados por la inflación que fueron abonados en tiempo y forma.
Los gestores de Bachllier S.A ofertó de modo informal a la nueva gestión del Ministerio de Seguridad “ir a pérdida” prorrogando los 500 millones correspondientes al 2023 sobre sus pólizas de seguros, pero para el año que está en curso. Sin contar la suba de precios. Extraño. O no. Ocurre que era un negocio muy redituable. Quien dio de baja ese contrato a pocos días de asumir fue el Secretario de Coordinación, Bienestar, Control y Transparencia del Ministerio de Seguridad, Martín Siracusa. El 20 de diciembre del 2023, informó al “Presidente de Nación Seguros” que dejaba “sin efecto” la “designación oportunamente dispuesta por la entonces Subsecretaria de Gestión Administrativa con fecha 22 de septiembre del 2020 del Productor Asesor de Seguros Bachellier S.A”.
Clarín pudo saber que el funcionario Siracusa había detectado que ese broker de Seguros cobraba una comisión del 10 por ciento sobre los contratos para asegurar bienes y empleados de su organismo, a pesar de que Nación Seguros ya realizaba ese trabajo para el Gobierno.
La firma Bachellier S.A, por caso, había sido beneficiaba por la gestión de la Presidencia de Fernández en Seguridad, con un contrato de seguros sobre “detectores” de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El monto: 14 millones de dólares. Clarín tiene en su poder una copia de ese contrato que no fue renovado.
Según reconstruyó este diario, Siracusa advirtió a Bullrich sobre posibles irregularidades en esas contrataciones de pólizas del Ministerio y de fuerzas de Seguridad, y fue por eso que se lo dejó sin efecto.
Pronto llegarían confirmaciones que vincularon a Bachellier S.A. con Héctor Martínez Sosa, el amigo del expresidente y titular de la aseguradora que lleva su nombre, y que trabaja con decenas de firmas del mercado diversificando su facturación.
Clarín supo de fuentes de Seguridad que dirigentes no peronistas pidieron reuniones con Bullrich para convencerla de que renueve los contratos con Bachellier S.A.
Uno de ellos titubeó frente a la ministra.
“No sé como hablarte de esto…”, le dijo, y repitió la inquietud: “No sé cómo decir esto…”. Bullrich le habría replicado: “Hablá, dale”.
El lobbista se animó: “Bueno, te podrías garantizar fondos para tus campañas políticas del futuro. Te pido que renueves los contratos de seguros que tenía vigentes el ministerio…”. La ministra comprendió y cortó de inmediato charla: “Dejá que me consiga yo la plata para mis campañas. Te pido que te vayas”.
En los primeros días de enero, Bullrich comentó en una reunión de Gabinete la novedad y la sorpresa sobre la contratación de seguros en su ministerio.
Tiempo después, otra ministra detectó que la misma dinámica de pagos de contratos multimillonarios de seguros estatales tenían “intermediarios” que estaban vinculados a Alberto Fernández. Fue cuando el ex titular de la ANSES, Osvaldo Giordano, descubrió en su organismo a cargo el mismo modelo de contratación de brokers a pesar de que Nación Seguros era la encargada de obtener las pólizas de seguros de vida para jubilados. El escándalo fue revelado por el periodista Ricardo Roa en Clarín.
Ahora se conocen más pruebas que podrían complicar la situación procesal del principal imputado en la “Causa Seguros”, Alberto Fernández.
Ocurre que el expresidente firmó el decreto 823/2021, que obliga a partir de entonces a todos los entes públicos a contratar los seguros mediante Nación Seguros, dependiente del Banco Nación.
El decreto estipula en su artículo 4 que Nación Seguros podría contratar “a otras entidades autorizadas a operar en materia de seguros…”.
En su artículo 2, indica que que esos contratos se concretarían mediante “un convenio interadministrativo”.
Es el título que lleva el documento firmado por el Ministerio de Seguridad y Nación Seguros que benefició en 800 millones de pesos a Bachellier S.A, y que tras ser dado de baja permitió un ahorro de fondos públicos de al menos 500 millones de pesos.
Uno de los brokers de seguros más importantes del mercado, Héctor Martínez Sosa, es el marido de la secretaria privada que trabajó durante varios lustros con Fernández, María Cantero. Martínez Sosa logró ganancias millonarias gracias a ese decreto que firmó su amigo. En la declaración jurada de Fernández, el empresario figura como acreedor de una deuda que tomó el expresidente con él, de 20 mil dólares en le préstamo original.
Gracias a registros públicos, se conoció que Martínez Sosa visitaba a Fernández en la Residencia Presidencial Olivos (RPO).
El juez Julián Ercolini lleva adelante la instrucción de un expediente sobre el caso, que tendrá como fiscal a Carlos Rivolo. El magistrado ya pidió la documentación sobre esta trama a todos los organismos del Estado Nacional que pudieron haber contratado a los brokers vinculados a Fernández.
Los investigadores judiciales no solo se enfocarán en contratos que le dieron ganancias millonarias a Martínez Sosa, si no también en organismos públicos que se negaron a contratar los servicios del broker.
Además del ex presidente y de Martínez Sosa, hay otros imputados en la causa que recién empieza la recolección de datos.
Uno de ellos es el ex titular de Nación Seguros durante la Presidencia de Fernández (Alberto), Alberto Pagliano.
Alberto Fernández negó en declaraciones públicas haber cometido delitos gestionando contratos a favor de su amigo Martínez Sosa. Lo cierto es que la empresa del broker se benefició con la firma del decreto 823/21.
El exmandatario no desconoció su vínculo con Martínez Sosa, pero intentó minimizar la cercanía de su relación con él.
Es algo que no podrá negar respecto al otro ex funcionario imputado en la causa, el ex titular de la superintendencia de Seguros, Pagliano.
El 29 de noviembre del 2021, el entonces presidente Fernández encabezó un acto en Parque Norte celebrando la asunción del secretario general del sindicato del seguro. Fernández fue superintendente de Seguros de la Nación durante seis años con Carlos Menem como titular del Poder Ejecutivo.
En aquel momento ya tenía relación con Martínez Sosa, y desde antes aun conocía a Pagliano.
En el acto de Parque Norte, él mismo contó su experiencia como regulador del Estado en el mercado de los Seguros. En su discurso, mencionó con mucho cariño a Pagliano: “Estaba buscando cuántas caras de aquel entonces quedaban acá… Alberto Pagliano, querido amigo”.
La denunciante del caso Seguros, Silvina Martínez, basó su denuncia en el primer artículo de Clarín sobre este tema. Consultada por la nueva documentación obtenida sobre el Ministerio de Seguridad en esta historia, explicó: “Los contratos entre Nación Seguros y el Ministerio de Seguridad tienen una particularidad. Fijaban la posibilidad de que el ministerio designara a un intermediario. No tiene razón de ser. Es la misma gestión pública la que contrabata seguros con el Estado. Ocurre que el intermediario tenía ya un nombre y apellido, y ganaría comisiones sin hacer nada: era Martínez Sosa, el amigo del entonces Presidente”.
La web del holding de seguros de Martínez Sosa enumera sus clientes, múltiples y diversos. Entre ellos figuran “Asesoramos, administramos y colocamos riesgos de Entes Nacionales, Provinciales y Municipales”.
El sitio también destaca que las empresas del amigo del expresidente trabajan “con las compañías de seguros líderes en el mercado nacional e internacional y brindamos nuestros servicios a más de 650.000 personas y 14.000 organizaciones que confían en nosotros”.
Y se agrega: “Nacimos, nos desarrollamos y seguimos creciendo en nuestro país”.
Es verdad.