jueves, 26 diciembre, 2024
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Fin al «curro» de la Asociación de Concesionarios de Autos, Javier Milei echó a 2.400 empleados que trabajaban para el Estado

El Gobierno anunció este martes la finalización de más de 2.400 contrataciones irregulares en el Ministerio de Justicia, que habían sido realizadas a través de ACARA (Asociación de Concesionarios de Automotores). Así lo anunció el vocero Manuel Adorni, quien señaló que los trabajadores «habían sido contratados de manera espuria por décadas, por fuera de los mecanismos previstos por el sistema nacional de empleo público conocido como el SINEP».

Además, Adorni anunció que se eliminó un incentivo que apuntaba a capacitaciones, con el argumento de que en la práctica no se concretaban. Además, a través de una resolución de la Secretaría de Transporte, le quitó a la UTA la exclusividad en las capacitaciones de los conductores profesionales.

El Gobierno echó a 2.400 empleados por contratos irregulares en el Ministerio de Justicia 

«Se eliminaron dos nuevos curros de la política relacionados al rubro automotor. El Ministerio de Justicia finalizó más de 2.400 contrataciones irregulares a través de ACARA. Estos empleados habían sido contratados de manera espuria durante décadas por fuera de los mecanismos previstos por el sistema nacional de empleo público», enfatizó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa realizada este martes en la Casa Rosada.

La mayoría de estos empleados desempeñaban tareas relacionadas con el Registro de la Propiedad Automotor y controlaban las operaciones de los diferentes Registros del Automotor del país, que quedaron bajo la lupa por irregularidades desde que Milei ordenó investigar a estas «cajas de la política».

En 2022, una investigación de Nicolás Gadano, exfuncionario estatal, había puesto en la lupa el manejo que realiza Acara de los fondos que los dueños de vehículos pagan en el Registro del Automotor

Muchos, de todas formas, era personal contratado hace casi 20 años bajo esa modalidad y que cumplían funciones en otras dependencias de Justicia, y que llegaban incluso a incluir personal de limpieza de varias dependencias en todo el país. Según se aclaró, ese personal recibía su salario pagado por ACARA.

ACARA tuvo hasta hace unos meses el monopolio del suministro de insumos para el funcionamiento del Registro Automotor. Comercializaba los formularios, carpetas, sobres y otros documentos, como las chapas patentes. Las matrículas, que eran impresas en la desaparecida Casa de la Moneda, eran trianguladas a través de Acara antes de llegar a los Registros del Automotor, incrementando el costo final con la comisión que cobraba la asociación de concesionarios.

El reordenamiento en esta dirección comenzó hace un mes, cuando el ministerio ofreció un retiro voluntario en la DNRPA, que la mayoría de los empleados no aceptó por considerarlo insuficiente.

Hace algunos meses, la diputada nacional Patricia Vázquez, de la bancada del PRO, presentó un proyecto de ley para limitar el negocio detrás de las fotomultas y denunció que detrás de «esas estructuras de recaudación se encontraba la ACARA y los titulares de los registros, que son los que se quedan con la plata y no quieren perder sus quintitas».

El Gobierno suprimió el pago de incentivos al personal

Además, Adorni informó que «se suprimió el pago de incentivos al personal del Ministerio que representaban un gasto anual de 15.600 millones de pesos».

El portavoz señaló que inicialmente este monto se pagaba para que los empleados se capacitaran, «pero como todas estas cosas en el Estado se terminaron desvirtuando. Se convirtieron en parte del sueldo sin que del otro lado haya ningún tipo de capacitación que haga que eso se justifique. Como dijimos siempre, toda caja que encontremos, que es negocio de pocos en detrimento de muchos, se va a eliminar».

Además, el portavoz anunció una medida de la Secretaría de Transporte, que le quitó a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) la exclusividad de las capacitaciones a conductores profesionales. Según el Gobierno, el sindicato recibió alrededor de 11 mil millones de pesos anuales desde 2019.

«A partir de ahora, cualquier prestador del sistema que quiera ofrecer capacitaciones a los conductores podrá hacerlo. Para tal fin, y continuando con las medidas para una mayor desregulación dentro del Estado y libre competencia, se creará un Registro de Prestadores de Evaluación y Formación Profesional de los Conductores de Transporte Automotor de Pasajeros», detalló la Secretaria a través de un comunicado.

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