Setenta entidades de la sociedad civil manifestaron su «preocupación» por el Decreto 780/24, con el que «el Poder Ejecutivo Nacional intenta restringir el derecho de acceso a la información pública». Y reclamaron la derogación del nuevo decreto dictado por el gobierno de Javier Milei.
«Un decreto no puede limitar el acceso a la información pública, en contradicción con el alcance de la propia Le votada por el Congreso de la Nación en 2016», sostuvieron en forma conjunta FOPEA, CIPPEC, CELS, Amnistía, ACIJ, Periodistas Argentinas, Poder Ciudadano y otras entidades.
Es que el Gobierno dictó este lunes un Decreto para restringir el acceso a información pública, especialmente cuando se trate de «datos privados» de los funcionarios, «documentos públicos» o pueda causar «daños y perjuicios» a las personas.
Este criterio restrictivo del concepto de qué es información pública ya se aplicó cuando el Gobierno se negó a brindar información sobre los gastos, mantenimiento y otros datos de los perros de Milei que viven en la Quinta de Olivos, porque aseguró que eran cuestiones vinculadas con el «ámbito privado» del Presidente de la Nación.
Pero ahora se amplió su alcance, ya que se establecieron límites más precisos y generales sobre qué información se podrá solicitar y en qué condiciones el Gobierno puede negar el acceso a la información pública.
«El Decreto mencionado amplía la información que queda por fuera del interés público, amplía el secreto y aporta discrecionalidad al dejar en manos de los funcionarios públicos la definición sobre lo que es un documento público y qué información puede ser considerada de la esfera privada de las autoridades, dándoles una especial protección», destacaron 70 entidades en un comunicado conjunto.
El rechazo de ADEPA
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) también difundió este martes otro comunicado rechazando el decreto presidencial, ya que con «esa inesperada medida el Gobierno nacional ha incorporado a la reglamentación de la Ley 27.275 excepciones que, por su amplitud y vaguedad, podrían habilitar a los funcionarios a incumplir su obligación de permitir el acceso a la información pública bajo el pretexto de genéricos ‘daños y perjuicios’ o con fundamento en un supuesto ‘interés público'».
«ADEPA considera que esas restricciones podrían afectar tanto el respeto de los principios receptados por la ley como los estándares constitucionales e internacionales en esta materia», dijo la entidad representativa de los medios de comunicación.
Es que el Gobierno podrá negar el acceso cuando el conocimiento de esa información pública pueda causar «daños y perjuicios» a las personas, haya «ausencia de interés público» o se constituya en un «abuso del derecho», según figura en el Decreto 780/24 que publicó este lunes el Ejecutivo en el Boletín Oficial.
La nueva normativa también restringe la difusión de «deliberaciones preparatorias, papeles de trabajo o exámenes preliminares» sobre un acto de gobierno. Y podrá negar la información «especialmente cuando la solicitud pretenda ingresar a una esfera típicamente doméstica».
ADEPA planteó que «este tipo de reglamentaciones aplicadas con prescindencia de los principios consagrados en la Ley 27.275, en especial ‘presunción de publicidad’, ‘máxima divulgación’ y ‘máximo acceso’, darían lugar a conductas cuestionables por parte de los funcionarios, al tiempo que conducirían a un empobrecimiento del debate público como insumo esencial del sistema democrático».
Por eso, la entidad representativa de los medios de comunicación consideró «necesario que el Poder Ejecutivo revise este tipo de reglamentaciones que desnaturalizan lo preceptuado por la ley, la Constitución y los estándares interamericanos de derechos humanos».
En el mismo sentido, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) rechazó los cambios que introdujo el gobierno con el nuevo decreto y advirtió que «implican un grave retroceso democrático, ya que al limitar los datos que pueden ser proporcionados desalienta la participación ciudadana en los asuntos del Estado y oscurece la gestión pública».
El nuevo decreto del gobierno provocó las críticas de dirigentes políticos de la oposición y de especialistas en temas de comunicación, que consideraron a esta nueva normativa como un paso más en las restricciones al acceso a la información pública y a la libertad de expresión.
Sin embargo, la dirigente kirchnerista Beatriz de Anchorena, directora de la Agencia de Acceso a la Información Pública, que fue designada en 2022 y tiene mandato hasta 2027, ante la consulta de Clarín se negó a expresarse sobre esta nueva normativa.