La Procuración del Tesoro de la Nación apeló este jueves la decisión que había tomado la justicia federal de Rawson, en la causa por el Fondo Compensatorio del Transporte de Chubut y que ordenaba al Poder Ejecutivo nacional restituir a la provincia los fondos del subsidio. El Gobierno acusa al magistrado de dictar una medida cautelar que «afecta y compromete los recursos del Estado».
Respecto al dinero que reclama la provincia de Chubut correspondiente al fondo de compensación para el Transporte, el Gobierno Nacional realizó tres medidas ante la justicia: pidió la inhibitoria del magistrado Hugo Sastre, apeló su fallo con efecto suspensivo y además, presentó un per saltum, para ir con el planteo directo ante la Corte Suprema.
En la primera presentación, y a la que accedió Clarín, la Procuración del Tesoro -que defiende los intereses del Estado- pidió que el juez Sastre deje de intervenir en el caso al entender que no es su competencia originaria. «Este trámite debe continuar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación», señalaron los abogados del Gobierno.
Entre otros aspectos formulados, el Estado Nacional entiende que la jurisprudencia «expresamente que, en caso de conflicto o incumplimiento de las obligaciones derivadas del acuerdo en cuestión, el fuero judicial competente para dirimir tale conflictos es la Corte Suprema en instancia originaria».
Por eso requieren que el juez Hugo Sastre deje de intervenir en este expediente donde el gobernador Ignacio Torres reclama cerca de $400 millones que era la cifra que ingresaba por mes, en función de la asignación a través de la ley 23.966, del Impuesto a los Combustibles.
En la presentación judicial, el Poder Ejecutivo indicó que el tema en conflicto, «versa sobre cuestiones relativas a políticas públicas económicas de la Nación, encontrando ello un vínculo estrecho con todo lo atinente al otorgamiento de subsidios y los criterios de distribución de los mismos; todo lo que resulta ser facultades exclusivas del Poder Ejecutivo de la Nación».
En otro tramo del escrito, se sostuvo que la medida dictada por el Juez Federal «implica afectar el principio de división de poderes y, también, la imposición de una limitación a las facultades del Poder Ejecutivo para que éste pueda llevar a cabo las políticas económicas que entienda más convenientes para el beneficio de la comunidad en su totalidad.
Fue así que adujeron que se está ante una «evidente gravedad institucional siendo que se encuentra afectado directamente el interés público y la división de poderes y la decisión referida proyecta sus efectos sobre toda la comunidad».
Bajo esta misma línea argumentativa, se planteó también la recusación del juez Sastre, quien había hecho lugar a la medida cautelar presentada por el gobernador de Chubut contra la decisión de disolver el Fondo Compensador para el transporte.
La sentencia había sido dictada el 22 de febrero y, según la presentación efectuada por la Procuración, resulta «ostensiblemente arbitraria, ocasiona a nuestro representado un gravamen de imposible reparación ulterior y configura un evidente caso de gravedad institucional» y que además se encuentra «comprometido el interés público».
Chubut Governor Ignacio Torres gives a press conference with other regional governors at Congress in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Feb. 27, 2024. Torres, who belongs to Argentina’s main conservative bloc that has backed President Javier Milei, has said his province would cut off energy supplies to the rest of the country amid a dispute over funding reductions. (AP Photo/Natacha Pisarenko)Junto a estos planteos, se acompañó la apelación con efecto suspensivo para que el fallo del juez Sastre a favor de Chubut no rija. El principal argumento fue que el magistrado «omitió correr el traslado previo al Estado Nacional para que pueda ejercer su derecho a defensa y exponer el interés público comprometido afectado».
Lo que entiende la Procuración del Tesoro, que la medida cautelar que dictó el juez Sastre «afecta y compromete los recursos propios del Estado Nacional, algo prohibido por ley».
Con estos planteos ante la justicia federal de Rawson, el Estado Nacional también manifestó la intención de avanzar con el per saltum -por salto de instancia- llegar a la Corte Suprema para que sea el máximo tribunal el que dirima la discusión planteada.
En tanto, el gobernador del Chubut, Ignacio Torres, criticó duramente al Gobierno nacional este viernes en la inauguración de la Legislatura unicameral de este distrito, y dijo que al Poder Ejecutivo «no le gustó para nada que la justicia nos haya dado la razón».
«Llegaron a decir que en nuestra provincia no vive nadie y está llena de guanacos y a cuestionar las fiestas populares» (dijo, en alusión a los dichos del vocero presidencial Manuel Adorni, quien citó un listado de eventos realizados en Chubut). «Todo para justificar lo injustificable y no querer reconocer que el Gobierno nacional se equivocó, porque no calculó que Chubut se sabe defender y así lo hizo», puntualizó Torres sobre las críticas de funcionarios nacionales y el propio presidente Javier Milei.