La ensoñación del paisaje a orillas de Lago Mascardi, en las afueras de San Carlos de Bariloche, se empaña nuevamente con la desmesura de una determinación judicial que atenta contra los pueblos originarios: la Cámara Federal de Casación Penal anuló el fallo del juez federal de Bariloche Hugo Greca que reconocía allí la existencia de un territorio sagrado –el rewe– de la comunidad Lafken Winkul Mapu. Quedó sin efecto así un acuerdo homologado en 2023, en el que el Estado argentino se comprometía a respetar ese territorio ancestral: siete hectáreas de un predio administrado por Parque Nacionales. Ese acuerdo había sido apelado por la fiscalía y una asociación vecinal –ambos sin sustento juridico–, lo que se sumó al reclamo de Parques Nacionales, que hoy desdice lo que ayer había firmado.
Esta decisión de Casación niega no solo la vigencia del derecho indígena sino también “algo fundamental para la religiosidad del pueblo mapuche que trasciende a esta comunidad, como es la posibilidad de habitar un territorio ancestral de carácter ceremonial”, define la abogada Laura Taffetani de la Gremial de Abogados que representa a la comunidad. “Significa volver atrás en lo que era un gran paso respecto a esta situación”. Y advierte la gravedad institucional de que Parques Nacionales diga que hoy “ya no está de acuerdo con el acuerdo». El Estado no puede decir “ahora cambio de opinión, esto reafirma lo grave del caso”.
Para Orlando Carriqueo; vocero de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro; “esto muestra que la justicia no es independiente, porque se amolda a los tiempos políticos para brindar sus dictámenes”. Enfatiza, al tiempo, que esto sucede «justo cuando se cumplen 30 años de la modificación de la Constitución. Es claro, el derecho indígena no se aplica ni se respeta nuestra cultura”.
Para poder anular este fallo, fruto de una mesa de diálogo iniciada en 2017, Casación admitió como interesada a la Asociación Vecinos de Mascardi. En un hecho que los letrados que conocen de derecho indígena consideran “muy grave” ya que además, muchos de estos vecinos integran Consenso Bariloche, una organización creada por grandes empresas turísticas e inmobiliarias, con un estudio jurídico ad hoc, para defender sus intereses en la zona. “Desde el punto de vista del proceso no corresponde –confirma Taffetani– y también lo vamos a apelar”. E ironiza: “Si quieren que corresponda, que se tomen la molestia de hacer una reforma al Código Procesal Penal Federal”.
Quien sí se había presentado en la causa, para ser constituido como amicus curiae era el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Sin embargo en la audiencia no fue reconocido, como sí los vecinos de Mascardi. “Esto muestra la parcialidad de la Cámara ya que la agrupación vecinal no existe como figura, por lo que no tendría legitimidad para estar dentro del ámbito del juicio” afirma la abogada.
Las acciones violentas
Las declaraciones de los vecinos que hoy toma el dictamen habla de “acciones violentas” por parte de la comunidad. Lo que tendría que ser demostrado, explica la abogada, pero hasta ahora “no hay nadie imputado” por esto. “De todos los que están detenidos o incluso entre las mujeres excarceladas, no hay imputados por ese delito”.
Es cierto sin embargo que la conflictividad existe. Hay tensión en torno al rewe. «La comunidad pudo haber tomado, en situaciones que tuvieron que ver con el resguardo, medidas defensivas –explica Taffetani–, porque ellos fueron los primeros violentados y tomaron resguardo”. Se refiere al momento en que se iniciaron las marchas más duras, en 2020. Aunque no hubo desenlaces violentos, otros vecinos de la zona refieren “al miedo» que les causaban los vecinos de Mascardi, quienes animaba a la población a asistir a las marchas «armados”. Ni la escuela del lugar, ni otros habitantes de estos barrios tienen conflicto con la comunidad.
En este registro de violencia nacida del racismo se inscribe la muerte del joven Rafael Nahuel en 2017. El antecedente del caso. Es en la causa por el desalojo del sitio «que muere Rafita”, confirma Taffetani. “En ese marco el juez homologa este acuerdo y suspende el juicio. El fiscal apela y Casación lo toma para anular el fallo, pero el fiscal no puede opinar. Debe controlar la legalidad del acuerdo, no la cuestión de fondo. Acá interviene en cuestiones de fondo y dice que se estaban transfiriendo tierras de Parques Nacionales y que esto debe hacerse por ley. No se estaban transfiriendo tierras, sino trabajando sobre la figura del sitio sagrado. No sobre propiedad de las tierras”.
El lugar sagrado
La particularidad de esta comunidad es que se erigió allí una machi. Una sanadora. La machi Betiana Colhuan. Algo que no había ocurrido hacía 60 años repasa Taffetani. “Se trata de una autoridad espiritual para el pueblo mapuche, que trasciende a la comunidad porque tiene que ver entre otras cosas con la cuestión de salud”. Hubo un protocolo para reconocerla, y también al territorio sagrado. «No es caprichoso el lugar elegido, ya que en 1998, una machi de Chile lo reconoce y está documentado en el juicio”, afirma la letrada.
La mesa de diálogo que se constituye entre las comunidades y el Estado confirma el espacio espiritual que la machi reconoce, frente al lago Mascardi. Se hace una pericia antropológica y se define esta situación: a la comunidad le prometen otro lugar para vivir y en el rewe se quedaba la machi y las personas que asisten a las ceremonias.
La comunidad debían sacar personería jurídica y obviamente respetar el acuerdo sin generar hechos violentos. Pero la abogada lamenta: “La comunidad cumplió con todo, y el Estado no cumplió nada”.
¿Quiénes iniciaron el fuego?
Un hecho que se recuerda en torno al caso, es que “desde el lugar donde estaba el exhotel Mascardi –repasa Taffetani– que desde 2017 cuando fui ya estaba destruido; los exempleados se llevan cosas de adentro, lo fue desmantelando la propia gente del lugar, no la comunidad”. Pero desde ese hotel en ruinas “fue que tiraron la molotv a la ruca de la machi Betiana y la incendiaron. Por eso ellos se defienden. Si la comunidad estaba diciendo que se iba de ahí y que solo quedaba la machi con su gente para cuestiones ceremoniales. Entonces el problema es otro”.
El problema “son los grandes intereses que no quieren tener presencia mapuche en el lugar”, sostiene. Algo que Carriqueo comparte y lo enmarca en el racismo estructural.
En diálogo con Pagina/12, el dirigente indígena asegura que “se vuelve para atrás por un tiempo, pero está la instancia internacional, ahí no hay posibilidad de que el Estado argentino ni ningún Estado pueda ganar, tiene que devolver las tierras. No estamos atravesando un periodo democrático en la Argentina. La democracia no es solo votar, sino respetar la Constitución, que los DD.HH. tengan vigencia, que haya derecho a la protesta, y nada de esto se está cumpliendo. No puede esto considerarse democracia”.