Luego de que trascendiera la decisión del Gobierno de desprenderse de 372 inmuebles y del nuevo decreto que habilita a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a declarar qué terrenos pueden ser declarados «innecesarios», el Ejecutivo dio de baja 71 alquileres de propiedades que utilizaba como oficinas de una decena de dependencias públicas en todo el país.
Según informaron en el equipo del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se trata de un primer paso para dar de baja en los próximos 12 meses otros 106 inmuebles que enmarcan en un plan de «optimización» de los recursos. Según las proyecciones del oficiales, ese nuevo ajuste sobre los inmuebles representaría un ahorro de $ 277 millones mensuales, casi $5 mil millones por año a precios de hoy.
A su vez, la baja de los 71 alquileres representaría un ahorro mensual de $191.518.251 y significaría un alivio para las arcas públicas de US$ 2.444.913.
Ya se dieron de baja 23 contratos en la provincia de Buenos Aires y 7 en CABA, además de otros en Chaco, Córdoba, Catamarca, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, San Juan, Tierra, del Fuego, Tucumán Santiago del Estero, Formosa, Jujuy, La Pampa, Santa Cruz, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, San Luis y Santa Fe.
Ante la consulta de Clarín, en la AABE que conduce Nicolás Pakgojz aseguran que todos los contratos de alquiler que se dieron de baja fueron contratados durante la gestión de Alberto Fernández, entre 2021 y 2023. En algunos casos los contratos de locación no fueron renovados, en otros no se uso de la opción de prórroga directa y en otros directamente se dieron de baja.
La decisión se tomó después de realizar una auditoría sobre el total alquileres que paga el Estado, un dato que hasta ahora no existía (porque ese detalle no está incorporado al AABE, que solo registra los terrenos que son propios). Los alquileres a terceros, en cambio, dependían del presupuesto de cada organismo.
La medida afectó a 3500 empleados de diversas dependencias, como la AFIP, la ANSES, el Enargas, Migraciones, el INTI, la secretaría de Turismo y Deporte, la Superintendencia de Servicios de Salud, de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, el Enacom, la Policía Federal, la obra social de las FF.AA. (IOFSA) y los centros de referencia de Desarrollo Social, entre otras. En el Ejecutivo sostienen que la en mayoría de los casos, los trabajadores fueron relocalizados en oficinas y edificios que son propiedad del Estado.
Desde ATE, el gremio más combativo y minoritario de estatales, señalaron que la reubicación es un anuncio que está en desarrollo. «En la mayoría de los casos la relocalizaciones todavía no se materializaron», explicó el secretario general Rodolfo Aguiar.
Entre los alquileres dados de baja se cuenta el edificio de oficinas de Sáenz Peña 1149 que contrató el Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Victoria Tolosa Paz y que el Estado debió «poner en valor» con una inversión de US$ 2.700.000, como informó Nicolás Wiñazki.
Como informó este diario, la AABE trabaja en el texto de un decreto para habilitar la subasta (y venta directa en el caso de que corresponda) de un 372 terrenos fiscales y propiedades del Estado. En la mesa chica del Presidente se ilusionan con recaudar más de US$ 1.000 millones.
En el Gobierno también posan los ojos en los terrenos que el Estado cede en comodato a organizaciones sociales o alquila como propietario, como el caso de decenas de miles de hectáreas que dependen del ejército y se arrendan para explotación agropecuaria.