La senadora Alejandra Vigo, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, quedó en el centro de las críticas por su rol en la discusión sobre la integración de la Corte Suprema. Aunque impulsó públicamente un tratamiento ágil del tema, su accionar sugiere lo contrario, señalan sus detractores: la semana pasada quedó claro que el debate se extenderá por al menos dos o tres meses, una dilación que beneficia a la Casa Rosada y genera sospechas en el Senado.
Los bloques dialoguistas desconfían de Vigo. “Al final, le hace el juego al Gobierno”, deslizó un experimentado legislador a un medio porteño. El recelo aumentó luego de que la senadora propusiera trasladar el debate al interior del país. “¿Somos la ‘Casa’ que representa a las provincias y vamos a viajar? Parece un chiste”, ironizaron desde la oposición.
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Durante el plenario de comisiones, Vigo defendió su postura: “No es un tema nuevo. Estamos retomando esta discusión tan importante. Vamos a definir, por consenso, la integración de la Corte Suprema para los próximos veinte años en la Argentina”.
Sin embargo, sus palabras contrastan con los hechos, dicen quienes critican su posición. El tratamiento ya acumula demoras, y aunque restan sólo 16 expositores, se anticipa que podrían sumarse más. En la lista figuran nombres como Aída Kemelmajer, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y el abogado Francisco Oneto.
Mientras tanto, distintos sectores del Senado advierten sobre la falta de acuerdos institucionales clave: la AGN sigue acéfala, no hay defensor del Pueblo ni nuevo procurador, y el Banco Central mantiene directores con mandatos vencidos hace más de una década.