El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) solicitó ser querellante en la causa que investiga la presunta criptoestafa $Libra que involucra al presidente Javier Milei. El director de la organización civil que se aboca a la lucha contra la corrupción, Pedro Biscay sostuvo que la Justicia debe “demostrar si, como dice el Gobierno, el que las hace la paga, o si esa regla no rige para quienes gobiernan o para quienes cometen crímenes económicos”.
La asociación civil integra la Red de Organizaciones contra la Corrupción (ROCC) y ha intervenido en causas resonantes como la “Causas Cuadernos”. De acuerdo a la experiencia de los querellantes, $Libra es “un caso excepcional de corrupción, por ser prácticamente flagrante y estar probado casi en su totalidad a través de medios de prueba de público conocimiento”. Por esas razones además considera que la investigación a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 3, en cabeza de Eduardo Taiano, debería avanzar con celeridad.
“No es usual que un caso de corrupción sea cometido a la vista de todos. Debemos evitar que Comodoro Py y la Procuración General conviertan este caso en una prenda de negociación con el Gobierno, como suelen hacer ante este tipo de casos”, sostuvo Biscay sobre el caso que tiene en la mira a Milei y varios de sus funcionarios por la promoción de la criptomoneda libra el 14 de febrero pasado. Al mismo tiempo, CIPE advirtió sobre el riesgo de que la fiscalía “complejice innecesariamente la investigación para dilatar y así favorecer la impunidad”, señalaron en un comunicado.
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El escrito judicial firmado por Biscay señalaron que, “la lucha contra la corrupción resulta fundamental para garantizar el goce efectivo de los derechos humanos, en especial de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, cuya efectividad depende de políticas y presupuesto públicos” de acuerdo con la jurisprudencia nacional e internacional.
En la causa ya hay varias querellas presentadas, como la que patrocina Juan Grabois en representación de dos damnificados, Nicolás Rechanik y Camila Palacin Roitbarg. En cambio, la querella del CIPCE es la primera que se presenta en la causa bajo la figura de “querellante de la sociedad civil”, que el Código Procesal Penal de la Nación habilita a asociaciones civiles ante casos de graves violaciones a los derechos humanos.
La acusación de CIPE contra Milei
La presentación le imputa al Presidente de la Nación, Javier Milei, el haber publicado en su cuenta de la red social X (@JMilei) un mensaje sobre un proyecto de características privadas, promoviendo un negocio denominado “Viva La Libertad Project – Driving the Future of Freedom and Growth”, basado en la compra y venta del token $LIBRA (fecha y hora de la publicación: 14 de febrero de 2025, a las 19.01hs). Como consecuencia de dicho posteo, en un lapso breve de tiempo, el valor del token subió de $0,10 a un máximo de $4,50 aproximadamente.
De acuerdo a CIPE, la promoción de la presunta criptoestafa configura el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, previsto en el artículo 256 del Código Penal de la Nación, que reprime a los funcionarios públicos que se interesen en contratos o negocios privados de cualquier tipo, sea que lo hagan de manera directa o, a través de personas o negocios simulados y, con independencia del resultado al que se arribe en la negociación. Se trata de una de las principales figuras penales de corrupción, ya que, a diferencia del delito de cohecho, no exige la comprobación de entrega alguna de dinero a cambio de garantizar un hacer o un no hacer por parte del funcionario.
La asosciación sostiene que el Presidente conocía el proyecto “Viva La Libertad proyect”, también a su impulsor Mark Davis, y difundió a través de su cuenta oficial el link, el código del contrato, el nombre del token y la alusión a los propósitos esenciales del mismo, que coincidían con la descripción del proyecto privado que figura en su sitio web.
Al mismo tiempo señala que la línea temporal muestra una secuencia de pocos minutos entre tres hechos necesariamente concatenados: la habilitación del token, el tuit presidencial y el incremento de su valor. Además, el Presidente utilizó una cuenta de X con “verificación gris”, que solicitó y le fue otorgada justamente por su condición de funcionario público.
El escrito solicitó incorporar a la causa la entrevista realizada por el periodista Jonatan Viale al Presidente, en la cual reconoce su conocimiento sobre el proyecto, preservar la evidencia digital y solicitar a Solana, plataforma digital en la cual se comercia el token $LIBRA, toda la información referida.
LM