La reforma constitucional propuesta para la provincia de Santa Fe que impulsa el gobernador Maximiliano Pullaro, plantea modificaciones en 43 artículos de la actual Carta Magna, con el objetivo de actualizar el marco normativo, institucionalizar avances en materia de seguridad y transparencia, y eliminar privilegios políticos. A continuación, se analizan los ejes centrales de esta reforma.
1. Límite a las reelecciones indefinidas
Uno de los cambios más significativos es la eliminación de la reelección indefinida para todos los cargos públicos, con excepción del gobernador y vicegobernador, quienes no contaban con la posibilidad de reelección. La iniciativa busca establecer un límite de ocho años en el ejercicio de cualquier cargo electivo, garantizando una mayor alternancia en el poder y evitando la perpetuación de dirigentes en sus funciones.
2. Residencia obligatoria en la provincia
La reforma también exige que los legisladores provinciales tengan residencia efectiva en Santa Fe. En la actualidad, existen dirigentes que representan a la provincia sin vivir en ella, lo que genera una desconexión con las problemáticas locales. Esta medida busca garantizar que quienes legislan en Santa Fe comprendan de primera mano la realidad del territorio.
3. Equilibrio fiscal como principio constitucional
El nuevo texto constitucional incorporaría la obligación del equilibrio fiscal, asegurando que la provincia no gaste más de lo que ingresa. Este principio busca fortalecer la estabilidad económica y evitar déficits crónicos que comprometan el desarrollo de Santa Fe. La inclusión de esta norma en la Constitución implicaría que cualquier gobierno esté obligado a gestionar con responsabilidad financiera.
4. Eliminación de fueros y privilegios políticos
Actualmente, los fueros protegen a funcionarios y legisladores de ser procesados judicialmente mientras ejercen su cargo. La reforma propone eliminar esta inmunidad, permitiendo que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley y que los funcionarios públicos puedan ser investigados sin restricciones.
5. Seguridad, narcotráfico y reforma judicial
El gobierno provincial busca consolidar los avances logrados en materia de seguridad, especialmente en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. En menos de un año, se han implementado políticas que han reducido la violencia en Rosario y otras localidades, incluyendo un mayor despliegue policial, endurecimiento de las condiciones carcelarias y la eliminación de la «puerta giratoria» en la Justicia. Para afianzar estos cambios, se propone incorporar estas medidas a la Constitución, impidiendo retrocesos en futuras gestiones.
Además, se impulsa una reforma en la estructura judicial. Actualmente, la Legislatura es la encargada de juzgar a fiscales y magistrados. La propuesta plantea que esta función sea asumida por un tribunal de enjuiciamiento independiente, garantizando mayor imparcialidad y evitando conflictos de intereses.
6. Transparencia y eficiencia en la gestión pública
Otro eje clave es la institucionalización de mecanismos de control y transparencia en la administración pública. La provincia ha implementado en los últimos años procesos más estrictos en compras, concursos y gestión de fondos. Este esquema ha permitido inversiones históricas en infraestructura con recursos propios, lo que se busca plasmar en la Constitución para garantizar su continuidad. La idea central es que la eficiencia en el gasto y la honestidad en la administración sean principios rectores del Estado santafesino.
7. Incorporación de la “Ficha Limpia”
Desde 2022, Santa Fe cuenta con una normativa que impide que personas condenadas por delitos graves, como corrupción y narcotráfico, puedan postularse a cargos públicos. La reforma pretende dar rango constitucional a esta norma, asegurando su permanencia y fortaleciendo la transparencia en la política provincial.
Conclusión
La reforma constitucional de Santa Fe apunta a una actualización integral del marco legal vigente, con énfasis en la modernización institucional, el fortalecimiento de la transparencia, la limitación de privilegios políticos y la consolidación de políticas de seguridad y equilibrio fiscal. La convocatoria a una asamblea constituyente en abril de 2026 marcará el inicio del debate formal sobre estos cambios, con un impacto potencialmente significativo en el futuro político y administrativo de la provincia.
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por R.N.