Los ex ministros de Defensa Horacio Jaunarena y Ricardo López Murphy y militares retirados coincidieron este jueves en objetar el proyecto de reforma de la ley de Seguridad Interior que impulsa el Gobierno, sobre todo el intento de que las Fuerzas Armadas cumplan funciones policiales en la lucha contra el narcotráfico.
La posición de estos referentes del radicalismo en temas de Defensa se conocen mientras el ministro de Defensa, Luis Petri, retrasa el anuncio que hizo hace más de un mes de enviar un proyecto al Congreso para cambiar artículos de la ley de Seguridad Interior y permitir que los militares realicen tareas como patrullaje, allanamientos y detenciones contra los narcos, fundamentalmente en Rosario.
Ricardo Lopez Murphy, Horacio Jaunarena y Eugenio Burzaco exponen hoy en la Universidad de Belgrano.También, Petri retrasa la reforma del decreto 727/2006 de la ex ministra de Defensa Nilda Garré que establece que las FF.AA. solo pueden intervenir ante el ataque de otro estado. Así por ejemplo, el Hezbollah del Líbano, acusado de los atentados terroristas a la embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994) no podría ser enfrentado por militares argentinos.
López Murphy, quien presidente la comisión de Defensa de la cámara de Diputados, Jaunarena, el ex ministro de Seguridad Porteño Eugenio Burzaco, el contraalmirante (RE) Alejandro Uberti y el general (RE) Gabriel D’Amico expusieron en una conferencia organizada por el Centro de Estudios para la Defensa de la Universidad de Belgrano.
El ex ministro de Defensa López Murphy coincidió con que las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior deben ser modernizadas pero no con «parches» sino en “forma integral”. Y se opuso a que los militares pasen a cumplir “funciones policiales” en la lucha contra los narcos, como pretende el gobierno de Javier Milei. El título de la jornada era “Fuerzas Armadas, Narcotráfico y Seguridad Pública”.
Para el diputado del bloque Hacemos Coalición Federal el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea puedan dar “más apoyo logístico” a las fuerzas de seguridad federales, sobre todo en materia de transporte, cibernética e inteligencia pero “no cumplir funciones policiales”. El mes pasado, el Ejército envió camionetas y helicópteros a Rosario para apoyar a las fuerzas de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
En todo caso, las FF.AA. solo podrían intervenir -destacó López Murphy- en casos de seguridad interna si “las policías provinciales y las fuerzas de seguridad son desbordadas” por el narcotráfico. En cambio, los militares podrían volver a ser desplegados en las zonas de frontera sin control civil y luego de ser declaradas “zona militar”.
Durante la jornada se criticó la decisión del gobierno del ex presidente Carlos Menem de disolver la dirección Nacional de Fronteras.
Por su parte, el general retirado y referente del Centro de Estudios de Jaunarena, D’Amico se preguntó si “¿Es conveniente emplear al Ejército en operaciones militares asociadas a la seguridad interior / pública?”.
“No se trata de Fuerzas Armadas Sí o Fuerzas Armadas No. La cuestión no es binaria, es compleja, tiene muchas aristas que deben ser conocidas y tenidas en cuenta ya que semejante decisión, como todo en la vida, tendrá consecuencias y algunas pueden ser graves”, agregó.
El proyecto del Gobierno es que las FF.AA. participen en un “escenario configurado en la provincia de Santa Fe caracterizado por la escalada de violencia criminal indiscriminada, perpetrada por grupos de narcotraficantes contra ciudadanos inocentes, con foco en la ciudad de Rosario. Otro, el conjunto de leyes vigentes para combatir delitos como el narcotráfico”, subrayó.
Por su parte, el almirante retirado y también referente de la fundación de Jaunarena, Uberti, habló de la “inconveniencia” de usar las FF.AA. en temas de Seguridad Pública.
Desde el punto de vista nacional, además, destacó que hay hoy una “superpoblación” de policías en el país con cuatro fuerzas policiales federales y 24 policías provinciales. Y en algunos casos también “superposición” de funciones.
Entre los presentes causó preocupación una versión según la cual el gobierno le quitaría a la Armada la función de búsqueda y rescate en el mar para dársela a la Prefectura.