La vicepresidenta Victoria Villarruel firmó una resolución para crear una Comisión de Análisis de la Dotación (CAD) que revisará toda la dotación de empleados del Senado. Tienen 30 días para hacerlo.
Apenas asumió, Villarruel anunció que haría una auditoria. Pero según dicen, encontraron «casos extraños» que ameritan un estudio más profundo y exhaustivo.
«Hubo nombramientos de contratados que pasaban a empleado transitorio y a planta permanente todo en un mismo acto el año pasado. También gente que cobraba con una tobillera electrónica porque están procesados», señalan desde el oficialismo de la Cámara Alta.
Van a revisar designaciones en planta permanente, en categorías altas del escalafón, que no cumplieron con los requisitos de la ley, como el de idoneidad y vacancia. También los pases por resoluciones consecutivas de personal bajo la modalidad de “contrato de servicios”, a la calidad de “temporarios” con el objeto de otorgarles una planta permanente.
«Está desprolijo transversalmente», apuntan, sin señalar a ninguna bancada ni área específica.
La resolución establece que la comisión estará integrada por la secretaría administrativa que comanda María Laura Izzo, la prosecretaria administrativa, la prosecretaría de coordinación operativa, la dirección de recursos humanos y la dirección general de asuntos jurídicos.
La idea es que después de un mes de estudio completo la comisión emita recomendaciones para «optimizar la utilización de los recursos humanos existentes», «propender a una gestión eficiente y razonable de los recursos públicos, humanos, administrativos».
Adelantan que los actos administrativos irregulares deben ser revocados o sustituidos por razones de ilegitimidad en cualquier momento en sede administrativa.
Uno de los casos que habían sorprendido este año fue el de una propia senadora de La Libertad Avanza: la jujeña Vilma Facunda Bedia que había designado a sus hijos, sus hermanos, su sobrina y hasta a su nuera en su despacho.
Por la presión que ejercieron Javier Milei y Villarruel, en la Cámara Alta aseguran que Bedia ya «pidió la baja de varios de sus empleados».
Los gastos del Senado quedaron en la mira la semana pasada después del escandaloso aumento de sueldo que votaron los propios legisladores: se aumentaron de $ 1,9 millones en mano a $ 4,5 millones.
A raíz de las críticas, una parte del bloque PRO ahora pidió una solicitud de sesión para votar la reversión del aumento de dietas.
El kirchnerismo también pidió una sesión especial para el 2 de mayo. Quieren tratar su proyecto que establece que nadie en el Estado pueda ganar más que el presidente
Las auditorias son un clásico de las gestiones entrantes. En 2020, Cristina Kirchner denunció a su predecesora Gabriela Michetti por «defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles» en el manejo del Senado después de una revisión.