El 8 de mayo vence el plazo para que el Poder Ejecutivo reciba las adhesiones y oposiciones a la postulación del juez Ariel Lijo y el académico Manuel García Mansilla para la Corte Suprema de Justicia. Algunos funcionarios judiciales se pronunciaron a favor de la designación del magistrado que lleva veinte años en Comodoro Py, pero poco antes de que cierre la fecha impuesta en el decreto que oficializó las candidaturas se estima que una decena de entidades representativas de la comunidad jurídica formularán sus impugnaciones para que Lijo llegue a integrar el máximo tribunal.
El tramite administrativo de las candidaturas para la cobertura de vacantes de la Corte transita las últimas semanas para recibir apoyos y rechazos. El decreto que oficializa a las personas elegidas por el presidente Javier Milei refiere a una correcta valoración de sus aptitudes morales, su idoneidad técnica y jurídica, “su trayectoria y su compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos que lo hagan merecedor de tan importante función”.
Las primeras adhesiones que se formularon a favor del juez Ariel Lijo destacan su “trayectoria, formación, seriedad y cualidades morales y personales” para ocupar el cargo que dejó vacante en la Corte Helena Highton.
Los integrantes del fuero Penal Económico firmaron un comunicado en esos mismos términos hace una semana. Uno de los jueces -Javier López Biscayart- dijo que Lijo “ha demostrado ser un jurista de excelencia, con un profundo conocimiento en materia legal y una habilidad innata para analizar y resolver complejas problemáticas jurídicas. Su compromiso con los principios éticos morales que rigen la función judicial lo hacen destacarse no solo como un profesional de alto calibre, sino también como un hombre de bien, comprometido con el servicio público y el bienestar de la sociedad”.
En la vereda de enfrente de esas ponderaciones se encuentran cerca de diez entidades representativas de la comunidad jurídica, que trabajan en las impugnaciones que presentarán ante el Poder Ejecutivo, al filo del vencimiento del plazo estipulado en el decreto que se publicó en el Boletín Oficial.
Será Justicia, REJIA, Poder Ciudadano, FORES, Academia Nacional de Derecho, FACA, Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Acción Conjunta Republicana y Profesores Republicanos -entre otras entidades-, trabajan estos días en las impugnaciones que presentarán.
“Cada entidad realizará sus presentaciones de forma individual, en función de la comunidad jurídica que representa, pero son dos aspectos centrales los que nuclean el criterio de todas ellas, que son los causales objetivos para presentar el rechazo: la falta de condiciones técnicas de formación, es decir la debilidad en los antecedentes técnicos jurídicos y después lo referente a la valoración de sus aptitudes morales”, explicó a Clarín María Eugenia Talerico quien trabaja en varias de las impugnaciones.
Algunas de las entidades ya se manifestaron públicamente en contra de la postulación de Ariel Lijo. Como el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES), que sostuvo que el magistrado despierta “demasiadas polémicas” en su trayectoria por tribunales y remarcar el rol de su hermano Alfredo, definido como, “operador judicial”.
FORES, una asociación civil destinada al fortalecimiento de la justicia a través de la investigación, asistencia técnica y capacitación pidió que el Gobierno desista de la designación. La entidad ya había sumado su rechazo en un comunicado difundido por la Red de Entidades por la Justicia Independiente de Argentina (REJIA). En el mismo sentido se pronunciaron AmCham, IDEA y el Club Político Argentino.
Uno de los puntos de coincidencia de estas entidades señala las “demasiadas son las polémicas que despierta el candidato, quien integra el cuestionado fuero Criminal y Correccional Federal porteño. Esos tribunales despiertan a menudo demasiadas sospechas sobre el manejo que hacen de los tiempos y del destino de las causas en las que investigan el flagelo de la corrupción pública”.
Al analizar la situación, Talerico -quien secundó a Mariano Federicci en la Unidad de Información Financiera (UIF) durante el gobierno de Mauricio Macri- expresó en diálogo con Clarín que Lijo “arrastra hace años la difusión de noticias sobre su persona y desempeño por demás negativas, donde cuenta con una denuncia penal y otras formuladas en el Consejo de la Magistratura en las que no se avanzó ni clarificó ninguna de las acusaciones”.
Uno de los planteos formulados por el espacio Será Justicia, que asesora la ex funcionaria, apunta a la “intachabilidad que un juez y ministro de la Corte debe tener, que da previsibilidad respecto a su comportamiento y despierta confianza en la sociedad. Esto responde a la seguridad jurídica que transmite. Nada de esto garantiza Ariel Lijo”, señaló.
Ante las cuatro denuncias que pesan sobre el juez federal en el Consejo de la Magistratura, el espacio que lidera Elisa Carrió (ARI-CC) insistió con el pedido de investigación del accionar del magistrado. A través del diputado nacional Juan Manuel López, sus representantes legislativos pidieron que se audite la causa penal contra Lijo que terminó archivada. En ese entonces Mariano Cúneo Libarona era abogado del juez y ahora candidato a la Corte.
Lo que busca el ARI-CC es saber si se instruyó correctamente la investigación, si se agotaron todas las medidas de prueba respecto a la sospecha de presunto lavado de dinero. Y no descarta pedir a la Corte Suprema una auditoría de las denuncias contra Lijo que se cerraron en el Consejo de la Magistratura por vencimiento de plazos o por no encontrar elementos que sustenten la acusación.
El CELS, INECIP, ACIJ y otras organizaciones, contra Lijo y García Mansilla
Otras seis organizaciones civiles manifestaron este miércoles su «categórico rechazo a las propuestas de candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación presentadas por el Poder Ejecutivo».
Se trata de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Unión de Usuarios y Consumidores, que difundieron un comunicado conjunto.
«La Corte Suprema tiene la enorme responsabilidad de ser la garante última de la Constitución y del Estado de Derecho. En virtud de la trascendencia de esa misión, resulta esencial que esté integrada por personas cuya trayectoria refleje probada idoneidad e independencia, así como un fuerte compromiso con los principios constitucionales y los derechos humanos. Desafortunadamente, ni Ariel Lijo ni Manuel García-Mansilla satisfacen ese estándar», dicen las entidades.
Respecto de Ariel Lijo, las asociaciones recuerdan las «graves denuncias en el Consejo de la Magistratura, algunas de las cuales han estado vinculadas a la falta de investigación de causas de corrupción, a la dilación arbitraria de los tiempos procesales y al enriquecimiento ilícito, así como de una denuncia penal por asociación ilícita, lavado de dinero, coimas y tráfico de influencias», y concluyen que «dichas denuncias son impropias de un candidato al más alto tribunal.»
El comunicado razona que esas denuncias «generan serias dudas sobre el correcto desempeño de Lijo como juez» que es «casi el único antecedente de relevancia», ya que «el resto de su currículum vitae no muestra ningún otro mérito profesional o académico suficiente para ser magistrado de nuestro máximo tribunal». «Esa circunstancia pone en tela de juicio su idoneidad técnica para llegar a la Corte.»
Para Manuel García-Mansilla también hay nones. Aunque tiene mayores antecedentes académicos. «resultan preocupantes sus visiones sustantivas sobre ciertas temáticas, dado que estas podrían impactar en la adecuada defensa de los derechos humanos y los compromisos internacionales asumidos por nuestro país». Las objeciones apuntan sobre todo a la posición del candidato «en contra del derecho a interrumpir el embarazo, incluso en casos de abuso sexual, causal prevista en el Código Penal desde 1921. Más allá de la conclusión a la que arriba, resulta preocupante que su razonamiento omita por completo considerar los derechos sexuales y reproductivos de las personas gestantes como un valor a tener en cuenta en la discusión».
Además de las impugnaciones individuales, las organizaciones civiles también consideran «preocupante la baja representatividad de los diversos sectores de la sociedad en la Corte Suprema», tanto por la falta de mujeres entre las postulantes, y de representación de personas con diversas procedencias y saberes.
«Por estos motivos, exigimos al Poder Ejecutivo que retire estas candidaturas y proponga personas que satisfagan los estándares que deben reunir quienes integren nuestro máximo tribunal y, en su defecto, al Senado de la Nación que rechace los pliegos enviados», concluye el comunicado.
Cómo sigue el proceso de nominación de los candidatos
La nominación del juez federal -que llegó a Comodoro Py con un decreto firmado por NéstoR Kirchner en 2004- deberá pasar por un recorrido administrativo que incluye el plazo que está en curso hasta el 8 de mayo, para que los ciudadanos, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos, presenten ante el Ministerio de Justicia, “por escrito y de modo fundado y documentado, las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar respecto de los incluidos en el proceso de preselección, con declaración jurada de su propia objetividad respecto de los propuestos”.
Una vez que esté cumplido ese plazo para las impugnaciones y observaciones, corren otros quince días para que el Poder Ejecutivo evalúe las diversas presentaciones y decida si envía la propuesta al Senado de la Nación.
Cuando el presidente Javier Milei envíe el pliego al Congreso, deberá fundamentar la propuesta y a su vez, remitir un Proyecto de Acuerdo. Éste será remitido a la Comisión de Acuerdos del Senado, donde iniciará la discusión política sobre el candidato del Gobierno.
Dicha comisión deberá fijar una fecha para la realización de la audiencia pública y enviar -a su vez- una copia del pliego y de los antecedentes a todos los senadores que la integran. Después de la audiencia pública y de una serie de pasos que deben cumplirse, la Comisión deberá emitir un dictamen recomendando al pleno del Senado la aprobación o rechazo del pliego.
En esta instancia la política comenzará a jugar con mayor preponderancia. Una vez cumplimentados estos trámites, el pliego llegará al recinto, donde se deberá contar con una mayoría especial (dos tercios del cuerpo), para que Lijo y García Mansilla logren llegar a la Corte Suprema.