Tras el fallo de la Cámara Federal de Casación que dio por probada la participación de Irán en el atentado contra la sede de la AMIA de 1994 calificando el hecho como «crimen de lesa humanidad», el Gobierno decidió elevar este viernes el alerta antiterrorista y reforzar la seguridad puntos sensibles del país: aeropuertos, instituciones religiosas y culturales de la colectividad judía y embajadas como la de Israel, Estados Unidos y las que así lo demanden.
La ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y su secretario de Estado en el área, Vicente Ventura Barreiro, mantenían una reunión esta mañana después de decidir el refuerzo. Entre tanto, pese a que la Presidenta celebró el fallo de la Cámara, el gobierno no ha dado muestras de si tomará una decisión diplomática como piden algunos sectores en el sentido de que se rompan los vínculos bilaterales. Es una decisión que se evalúa.
Uno de los mayores desafíos que tiene hoy el Gobierno es lo que hace a la inteligencia previa, que está muy averiada por el uso de la AFI durante años para fines políticos internos. Clarín sabe que el Mossad mudó su sede de Chile a la Argentina en estos meses y que gran parte del trabajo que se viene haciendo respecto a Irán tienen que ver con los estrechos vínculos de Bolivia con la República Islámica.
El fallo de la Justicia incluso está contextualizado también en la rispidez del mundo Occidental contra Irán en el sentido de que por ejemplo, tras el ataque de Israel en Damasco que terminó con la destrucción del consulado iraní y la muerte de varios jerarcas persas, generó una alerta internacional ante los posibles ataques en el mundo a blancos estadounidenses y hebreos que puedan ser ocasionados por Irán o con la excusa de dicha «causa».