Las defensas de Mauricio Novelli y de un inversor afectado solicitaron apartar a los camaristas Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci por presuntos conflictos de interés. La Sala II de Casación aún no resolvió.
Buenos Aires, 22 de noviembre (NA) — La definición de la Cámara Federal de Casación Penal sobre la reincorporación de los querellantes en la causa $LIBRA se encuentra suspendida por dos planteos de recusación contra dos de los jueces de la Sala II, según informaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas.
La Sala II está integrada por los jueces Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci. Las recusaciones fueron presentadas en los últimos días y cuestionan la imparcialidad de Ledesma y Yacobucci.
Mauricio Novelli, uno de los once imputados que fue sobreseído, presentó un escrito en el que pidió apartar a Ledesma por su cercanía con dos organizaciones judiciales que intervinieron en la causa. Por otro lado, Juan Patricio Marchetto, uno de los cinco afectados por la presunta criptoestafa, solicitó la recusación de Yacobucci porque su hijo ocupa un cargo en el Ministerio de Justicia de la Nación.
Fuentes judiciales indicaron que aún no hay una definición sobre la situación de los magistrados. La decisión recae principalmente en Slokar, el único de los tres jueces de la Sala II que no recibió objeciones.
Los cuestionamientos a Ledesma y Yacobucci
El 4 de noviembre, Ledesma votó en mayoría junto a Slokar para habilitar las quejas de los damnificados que habían sido apartados del expediente y abrió la posibilidad de que puedan ser querellantes. Yacobucci votó en disidencia y se opuso a esa habilitación.
Tras ese fallo, la defensa de Novelli recusó a Ledesma por su vinculación con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), dos instituciones que intentaron constituirse como querellantes en la causa. Según el escrito, ambas entidades se opusieron públicamente al fallo que dejó afuera a los damnificados y pidieron a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que asuma la acción penal para evitar el cierre de la investigación del presidente Javier Milei y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La defensa también mencionó que la jueza tiene antecedentes de apartarse en otros casos en los que participaron esas organizaciones.
El segundo planteo fue presentado este lunes por Marchetto, con el patrocinio de los abogados Nicolás Rechanik y Juan Grabois, contra Yacobucci. El escrito sostiene que el hijo del juez tiene relación con el Gobierno. El 29 de septiembre, Ignacio Martín Yacobucci fue designado al frente del Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, que depende del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Se trata de un cargo jerárquico «de libre designación y remoción» dispuesto por el Poder Ejecutivo, encabezado por Javier Milei, quien es uno de los principales investigados por haber promocionado la presunta criptoestafa.
«La relación del Ministerio de Justicia con esta causa resulta evidente desde un análisis objetivo», afirma el escrito presentado por la defensa de Marchetto. Además, resalta que el área que conduce el hijo de Yacobucci tiene competencias directamente vinculadas con uno de los aspectos centrales de la investigación: el posible lavado de activos.
