El Tribunal Superior Electoral de Brasil impuso por unanimidad una multa de 7,5 millones de reales a la empresa tecnológica Meta por no acatar órdenes judiciales destinadas a garantizar un trato equitativo entre las candidaturas de Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. El tribunal no consideró probada una interferencia deliberada.
El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil impuso por unanimidad una multa de 7,5 millones de reales (cerca de 1,3 millones de dólares) a la compañía tecnológica Meta por haber incumplido órdenes judiciales tendientes a asegurar un trato igualitario a las candidaturas del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y de su rival, Flávio Bolsonaro. Pese al fallo, el tribunal no consideró probada una interferencia «deliberada» en perjuicio de la campaña del mandatario reelecto, conforme sostuvo el juez relator Marco Aurélio Bellizze.
La controversia se agudizó tres días antes de las elecciones, cuando la Fiscalía Electoral denunció que la matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp incumplió «algunas determinaciones» judiciales emitidas para garantizar la equidad entre ambos postulantes. Previamente, uno de los magistrados del tribunal electoral había ordenado a la empresa la adopción de 17 medidas específicas destinadas a asegurar el tratamiento equitativo del material proselitista.
El viceprocurador general electoral, Alexandre Espinosa, manifestó este jueves que Meta «no ha cumplido algunas de las exigencias impuestas por el TSE dentro del plazo determinado por la corte». En el detalle presentado por la Fiscalía, se remarcó que el gigante tecnológico no envió «información individualizada sobre anuncios electorales suspendidos, con alcance, importes y la identificación de los responsables de los pagos».
Asimismo, el organismo acusó a la firma de no remitir «estadísticas sobre la generación y el rechazo de contenidos generados por la herramienta de inteligencia artificial de Meta, además de datos sobre los filtros de seguridad utilizados». En la antesala de los comicios, el panorama ya había provocado la intervención de expertos en derechos humanos de la ONU, quienes instaron a la compañía a resguardar la libertad de expresión política tras advertir que «los informes de seguimiento muestran que miles de cuentas y publicaciones han sufrido suspensiones, reducción de visibilidad y límites de difusión, incluyendo a periodistas, defensores de los derechos humanos, actores de la sociedad civil y creadores de contenido».
Durante la contienda electoral, el espacio del presidente Luiz Inácio Lula da Silva solicitó al Tribunal Superior Electoral (TSE) la anulación de la candidatura de su rival, Flávio Bolsonaro, al denunciar una «manipulación algorítmica» por parte de Meta a favor del senador opositor. Entre las principales irregularidades señaladas por la campaña del oficialismo se incluyeron la restricción del alcance de sus contenidos en Instagram y WhatsApp, además del rechazo de la herramienta de inteligencia artificial de la firma a generar piezas gráficas electorales de Lula, a diferencia de las de Bolsonaro.
Pese a que el gigante tecnológico negó haber favorecido a alguna de las partes, el consejo asesor de contenido de la propia empresa, un órgano supervisor independiente con sede en Londres, confirmó haber constatado «fallos recurrentes» en publicaciones vinculadas a los comicios presidenciales en Brasil y parlamentarios en Estados Unidos. Ante estos señalamientos, la firma admitió la desactivación de anuncios proselitistas del líder del PT, aunque la atribuyó a «problemas técnicos» de alcance global y no a una maniobra dirigida.
A su vez, la casa matriz de Facebook ratificó que acató las disposiciones del tribunal electoral para asegurar la paridad en la distribución de publicaciones, disponiendo entre las medidas principales que únicamente candidatos y partidos formalmente inscriptos ante la justicia puedan contratar publicidad en sus plataformas. No obstante, las explicaciones no disiparon las sospechas del oficialismo; en la antesala del balotaje, el propio presidente manifestó públicamente que «la empresa favorece en Brasil a algunas personas en detrimento de la democracia».
En materia de moderación de contenidos, la compañía reportó además la remoción de 720 publicaciones que exhibían piezas generadas por inteligencia artificial carentes de la etiqueta identificatoria correspondiente. En paralelo a los cuestionamientos hacia la plataforma, diversos analistas atribuyeron el repunte decisivo de Lula en la segunda vuelta a la tracción del canal de WhatsApp ‘Ejército de Lula’, un grupo impulsado por el diputado André Janone que alcanzó a más de 10 millones de seguidores.
La repercusión mediática en el país vecino se produjo luego de que Flávio Bolsonaro abandonara territorio brasileño y publicara un documento que fue catalogado por la prensa como una carta «golpista». En medio de cuestionamientos judiciales y políticos, el senador denunció un fraude electoral inexistente y buscó posicionarse desde el exterior. Las idas y vueltas en la redacción del texto central expusieron cambios en su denominación: mientras que sus aliados difundieron inicialmente una versión que lo titulaba como «presidente electo», el propio legislador debió rectificarse en sus redes sociales para autodenominarse “líder de Brasil”, luego de perder el apoyo de Donald Trump.
La prensa brasileña puso el foco no solo en el contenido del escrito, en el que aseguró que “salí de Brasil, pero no abandoné a los brasileños” y prometió comandar la oposición desde el extranjero, sino también en las maniobras que rodearon su salida. El episodio profundizó las tensiones diplomáticas y aceleró el distanciamiento de partidos aliados y referentes de la propia derecha en Brasil, quienes optaron por tomar distancia de sus acusaciones y de su salida hacia el norte del continente.