La Casa Rosada informará en los próximos días los resultados de una auditoría que identificó beneficios otorgados de manera fraudulenta, según fuentes oficiales. La medida se da en el marco de la media sanción de la Ley de Discapacidad en Diputados.
El Gobierno anunciará en los próximos días la baja de alrededor de 20.000 Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNC), según informaron fuentes oficiales. Los funcionarios a cargo del área señalaron que esos beneficios fueron identificados como irregulares tras una auditoría que se realiza para verificar cuántos de los más de 1.100.000 beneficiarios de las PNC cumplen con los requisitos para percibir el subsidio.
La medida se produce después de que la Cámara de Diputados otorgara media sanción a una Ley de Discapacidad el 22 de octubre pasado. El oficialismo aceptó modificar el dictamen original que la Casa Rosada había enviado al Congreso, que incluía la eliminación de diversos beneficios y subsidios, entre ellos la PNC. Por presión de aliados legislativos, las PNC se mantendrán. El proyecto aguarda ahora la sanción del Senado.
Fuentes del Gobierno sostuvieron que la eliminación de las PNC no afectará a ningún ciudadano que padezca una discapacidad real. «Estamos identificando prestaciones que fueron otorgadas de manera fraudulenta, con el objetivo de que los recursos del Estado lleguen realmente a quienes los necesitan», declararon los funcionarios.
Las autoridades informarán oficialmente sobre esta primera tanda de pensiones dadas de baja entre el martes, miércoles o jueves próximos. Según las fuentes consultadas, las auditorías continuarán y sus conclusiones indican que se suspenderá el envío de fondos estatales para decenas de miles de personas que cobran una PNC desde hace años. Los recortes podrían generar quejas o reclamos públicos, y se profundizarán con el paso de los meses, según las mismas fuentes.
En el Gobierno afirmaron que la gestión de Alberto Fernández fue la que más aumentó los beneficiarios de las PNC, y atribuyeron ese incremento a «motivos políticos, proselitistas, y no porque se repartieron para quienes las necesitan de verdad». La administración anterior había anunciado en mayo de 2023 la entrega de 300.000 Pensiones por Invalidez Laboral. Los funcionarios libertarios sostuvieron que buena parte de esos subsidios se manejaron sin criterio y que se otorgaron pensiones a quienes no sufren ninguna incapacidad física.
El recorte de las PNC se da en un contexto de reclamos del sector de personas con discapacidad, que desde hace tres años pide presupuestos acordes en los organismos públicos encargados de implementar los planes. La media sanción de la Ley de Discapacidad se retrasó más de un año, hasta que la Casa Rosada se comprometió públicamente con sus aliados partidarios y legislativos a habilitar una votación con modificaciones a sus planes originales. El presidente de Diputados, Martín Menem, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, se mostraron más flexibles para escuchar los reclamos de los afectados. En cambio, en el Ministerio de Economía de Luis Caputo y el propio presidente Javier Milei expresaron incomodidad cuando se «abrió el grifo del gasto» para impulsar la nueva legislación. En el Ministerio de Salud inquieta la posibilidad de que los grandes ganadores de las nuevas normas sean los contratistas que trabajan con las áreas de discapacidad, más que los propios afectados.
Uno de los funcionarios que analiza el financiamiento de la nueva norma es el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Según las fuentes, si hubiera dependido de Economía o del propio Milei, la media sanción no se habría concretado. La Casa Rosada no se quejó públicamente por el cambio que supondrá en el presupuesto 2027. Ahora avanza con las auditorías y anunciará recortes si se detectan irregularidades.
La suspensión de 20.000 PNC es el principio de una serie de novedades que incluyeron el cierre de establecimientos educativos en la provincia de Buenos Aires que recibían miles de millones de pesos por atender supuestamente a discapacitados, pero que fueron clausurados al detectarse que eran «sellos cáscara» para obtener fondos estatales sin la debida contraprestación. Uno de esos centros era la Fundación METAS, registrada en La Reja, partido de Moreno, como «Servicio de Apoyo a la Integración Escolar» (SAIE) desde 2016. Los inspectores gubernamentales verificaron que el 28 de julio de 2025 el lugar estaba cerrado y ninguna señal identificaba a la fundación. El 7 de agosto se comprobó que la propiedad no tenía agua, electricidad ni muebles, y estaba repleta de desechos. Al día siguiente no se permitió el ingreso de los auditores. El 17 de septiembre de 2025, la Fundación METAS fue dada de baja del sistema SENADIS. Entre febrero de 2017 y 2025, la fundación facturó solo en fondos públicos más de 6.200 millones de pesos. Tras la clausura, nadie de la institución presentó quejas.
En el Gobierno afirmaron que esos ejemplos se multiplican y que irregularidades similares se encontraron en auditorías de beneficiarios de subsidios como las PNC, que incluyen un haber mensual de alrededor de 380.000 pesos y la posibilidad de obtener medicamentos mediante el plan Incluir Salud. Los aliados de La Libertad Avanza no objetarán el proceso de recorte de subsidios y certificados para discapacitados siempre que esté sustentado con papeles y pruebas.
Los resultados de las auditorías sobre transparencia y eficiencia en el reparto de subsidios y certificados se retrasaron debido a un escándalo de supuesta corrupción. En agosto del año pasado se difundieron audios del entonces titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, quien hablaba de un supuesto plan de recaudación ilegal en su propio ente y de coimas entre funcionarios, con presunta participación de Karina Milei y «Lule» Menem. Spagnuolo fue despedido mediante un decreto que aludió a la Ley de Ética Pública. El exfuncionario afirmó en la Justicia que los audios habían sido manipulados. El fiscal Franco Picardi, avalado por los jueces Sebastián Casanello y Ariel Lijo, lo procesó tras reunir pruebas sobre la compra de medicamentos con sobreprecios en ANDIS. El caso continúa.
Desde entonces, el Gobierno no había logrado sosegar la discusión pública por la falta de financiamiento para los discapacitados. Ahora comenzaron las auditorías y se informará sobre recortes tras detectar irregularidades. El anuncio será oficial en los próximos días.