El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, y el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, acordaron que la Policía de Córdoba esté a cargo de los controles de tránsito del operativo por la visita del papa León XIV, prevista para el 10 de noviembre. La medida implica que los inspectores municipales no realizarán esas tareas.
El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, y el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, definieron un esquema normativo para que la Policía de Córdoba, y no los inspectores municipales, tenga a su cargo los controles de tránsito del operativo previsto para la visita del papa León XIV, el 10 de noviembre. Según trascendió en la prensa, el argumento invocado es el temor a que los trabajadores municipales realicen asambleas.
Los inspectores de tránsito municipales tienen la función de ordenar la circulación vehicular y peatonal y fiscalizar el cumplimiento de la normativa vial de la ciudad. La Policía provincial tiene por misión preservar el orden y la tranquilidad pública en todo el territorio, resguardando la vida, los bienes y los derechos de los ciudadanos.
El artículo 123 de la Constitución Nacional obliga a cada provincia a asegurar la autonomía municipal y a reglar su alcance en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. La Constitución provincial de Córdoba de 1987 reconoce al municipio como una comunidad natural y le garantiza plena autonomía. En 1995, la ciudad sancionó su Carta Orgánica, que consagró expresamente la autonomía municipal.
La frase atribuida a Quinteros indica que un operativo de semejante magnitud no puede quedar supeditado al «humor gremial». La declaración del ministro abre, al menos, tres interrogantes: ¿Se trata de una puesta en escena del ministro para apuntalar sus aspiraciones de cara a 2027? ¿Perdió el intendente la capacidad de resolver por sí mismo los conflictos con sus trabajadores? ¿O debe leerse, en la postura del oficialismo peronista, un desprecio por los derechos laborales?
Al ceder el control del tránsito a la Provincia, Passerini no sólo resigna una atribución: renuncia, de hecho, a una porción de la autonomía que la ciudad conquistó. Lo hace bajo el ropaje amable de los convenios de cooperación, instrumento que, administrado sin límites, termina operando como mecanismo de absorción. Así, uno de los municipios más importantes del país va perdiendo, función tras función, aquello que lo definía como autónomo.
El peronismo cordobés ha tendido a gobernar la ciudad como una dependencia del Centro Cívico, desdibujando la frontera entre el gobierno local y el provincial. Carlos Nino advertía que la debilidad de nuestras instituciones no proviene sólo de las grandes rupturas, sino de la erosión cotidiana de las reglas, de esa «anomia boba» que naturaliza el atajo. La subordinación silenciosa de la ciudad a la provincia es una de sus formas más eficaces.
La visita del Papa debería ser motivo de celebración y de encuentro, no la excusa para consagrar un nuevo retroceso institucional. Córdoba no necesita un intendente que delegue sus responsabilidades cuando se vuelven incómodas, sino uno que las asuma. Passerini se muestra como un intendente en retirada, y su gestión confirma que, para el peronismo, la autonomía municipal es apenas una declaración de preámbulo. Es tiempo de cambiar.
(*) Concejal Bloque UCR