La provincia de Santa Fe realizará el 15 y 16 de octubre la sexta subasta de bienes decomisados al delito, con 224 lotes que incluyen motos, autos, lanchas, bicicletas, un inmueble y máquinas arcade. La inscripción cierra el 8 de octubre y ya hay 4.500 anotados.
La provincia de Santa Fe realizará los días 15 y 16 de octubre una nueva subasta de bienes incautados al delito en la Estación Belgrano, en la capital provincial. La actividad es organizada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD).
El remate incluirá un total de 224 lotes: 91 motos, 80 vehículos, 2 lanchas, 40 bicicletas, 1 inmueble en la ciudad de Rosario y 10 máquinas Arcade retro para restaurar.
La inscripción para participar es obligatoria y cierra el 8 de octubre. Hasta el momento, 4.500 personas se anotaron. Las cinco ediciones anteriores recaudaron $5.000 millones. Para esta ocasión, la Casa Gris espera un monto de entre $700 y $800 millones.
Los lotes serán exhibidos en la Estación Belgrano el jueves 15 de octubre de 9 a 16 y el viernes 16 de 8.30 a 13. La subasta comenzará a las 16 del viernes 16. El máximo de lotes a adquirir por persona es de 5.
Las bases de los lotes se fijan entre un 30% y un 50% por debajo del precio de mercado. En el momento del remate se abona una seña o comisión obligatoria y el saldo final se completa mediante transferencia dentro del plazo administrativo fijado por la agencia antes de la entrega de la documentación registral.
Santa Fe fue pionera al crear un organismo público centralizado (APRAD) dedicado específicamente al remate de activos decomisados y a la re-matriculación registral previa de vehículos para garantizar la seguridad del comprador.
Lo obtenido en los remates no ingresa a rentas generales de manera indistinta. La Ley 13.579 establece afectaciones específicas: financiamiento de proyectos y políticas asistenciales, centros de prevención y tratamiento de consumos problemáticos, salud mental y fortalecimiento de escuelas públicas.
Las subastas forman parte de una estrategia más amplia de Santa Fe contra el crimen organizado que incluye identificar el dinero, los bienes y las estructuras financieras de las bandas. La provincia incorporó la investigación patrimonial como parte de la inteligencia criminal, con organismos dedicados a detectar economías criminales, delitos económicos y lavado de activos.
La iniciativa pone énfasis en abogados y contadores que, según los casos investigados, dejan de prestar un servicio profesional legítimo y pasan a colaborar con las organizaciones criminales: administrar bienes ilícitos, transmitir órdenes, ocultar beneficiarios, utilizar sociedades o lavar dinero.
En ese marco, se destaca el caso del abogado Iván Carlos Méndez. En abril de 2026 el juez federal de Garantías de Rosario homologó un acuerdo pleno y condenó al abogado Iván Carlos Méndez a seis años de prisión, multa e inhabilitación especial por ocho años para ejercer la abogacía. Entre los delitos reconocidos se encuentran asociación ilícita, encubrimiento agravado y lavado de activos agravado por haber sido cometido como integrante de una banda.
Al respecto, desde el gobierno provincial afirmaron: “No vamos contra matrículas profesionales. Vamos contra conductas criminales concretas”. El objetivo es que, aunque un jefe narco esté preso, no pueda conservar empresas, testaferros y dinero que le permitan reconstruir su organización.
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