El estado de Texas ejecutó este miércoles a Jamaal Howard en la Unidad Huntsville, en medio de cuestionamientos sobre el uso de pentobarbital y su discapacidad intelectual.
La ejecución de Jamaal Howard, programada para este miércoles en el Centro en la Unidad Huntsville de Texas, se llevó a cabo en un contexto de tensión sobre el método de inyección letal, según informó Associated Press.
El 30 de septiembre, Tennessee intentó ejecutar a Christa Pike con la misma droga y fracasó, ya que la mujer recibió dos dosis de pentobarbital y no murió. Sus abogados confirmaron este martes que la condenada se encuentra consciente y en tratamiento hospitalario.
Fue el segundo procedimiento fallido en Tennessee en cuatro meses. En mayo, en el caso de Tony Carruthers, los ejecutores no lograron establecer una segunda vía intravenosa requerida por el protocolo estatal y debieron otorgarle un indulto temporal hasta el próximo año.
Por qué fue condenado Jamaal Howard
Poco antes del mediodía del 12 de mayo de 2000, Howard entró a una estación de servicio Chevron en Silsbee, Texas, le apuntó con su revólver calibre 32 a la empleada Vickie Swartout y jaló el gatillo.
El arma falló y la mujer gritó. Howard preparó el arma y disparó de nuevo, esta vez en el pecho. Mientras la mujer agonizaba en el piso, él le preguntó si había dinero en la caja registradora. Luego tomó un cartón de cigarrillos, un total de USD 114 en efectivo y huyó.
Esa secuencia quedó registrada en las cámaras de seguridad del local y fue presentada como prueba central en el juicio que lo condenó a muerte. Después de 26 años, el Estado de Texas planeaba ejecutarlo mediante la polémica inyección letal de pentobarbital, en lo que sería la ejecución número 30 en Estados Unidos durante 2026.
Los abogados de Howard pidieron una demora de 30 días por dudas sobre el pentobarbital
Texas utiliza pentobarbital elaborado en farmacias compuestas, dado que los fabricantes farmacéuticos se niegan a vender el medicamento para ejecuciones.
Ante la escasez resultante, el estado analiza sus viales y extiende su fecha de vencimiento si determina que seguirán siendo efectivos, una práctica que sus críticos calificaron de insegura, aseguró The Texas Tribune.
Los abogados de Howard enviaron una carta al gobernador Greg Abbott solicitando una demora de 30 días en la ejecución para obtener registros sobre cuándo fue adquirido el pentobarbital, cómo fue almacenado y qué pruebas se realizaron sobre el fármaco. «Texas no debería esperar a que una ejecución falle para hacer las mismas preguntas», le escribieron al funcionario.
También le señalaron que Howard «no debería ser ejecutado con un medicamento cuyo historial el Estado se ha negado a mostrarle a sus abogados, pocos días después de que ese mismo fármaco fallara en otro estado», recogió el medio texano.
El antecedente más próximo dentro del propio estado es el caso de Robert Fratta: en 2023, una jueza del condado de Travis bloqueó temporalmente el uso del fármaco por las mismas preocupaciones sobre el proceso de extensión de vencimientos, pero la ejecución se llevó a cabo después de que el Tribunal de Apelaciones Penales de Texas anuló esa resolución.
El argumento de discapacidad intelectual
El otro eje de los recursos legales de Howard gira en torno a su estado cognitivo. Sus abogados argumentan que padece una discapacidad intelectual, con un coeficiente intelectual de hasta 70, y que ejecutarlo violaría la Octava Enmienda de la Constitución.
La Corte Suprema de Estados Unidos estableció en 2002 que ejecutar a personas con discapacidad intelectual es inconstitucional, aunque les otorgó a los estados cierto margen para definir los criterios de elegibilidad.
«Ningún tribunal determinó jamás si Howard tiene discapacidad intelectual según los estándares clínicos vigentes hoy», argumentaron sus abogados ante la Corte Suprema el 6 de octubre, según informó USA Today. Y agregaron: «Las pruebas de Howard sobre un funcionamiento intelectual significativamente inferior al promedio no son razonablemente disputables».
El estado respondió que Howard no presentó pruebas suficientes para acreditar que cumple con los requisitos legales para ese tipo de exención. El Tribunal de Apelaciones Penales de Texas rechazó el lunes el último recurso ordinario presentado por la defensa. Ese recurso y la solicitud de suspensión de la ejecución aguardaban el martes una respuesta de la Corte Suprema federal.
La controversia sobre su competencia mental tiene raíces en el propio proceso judicial original: antes del juicio, el tribunal celebró dos audiencias para evaluar la aptitud mental de Howard a pedido del estado. El jurado no llegó a un veredicto la primera vez; en la segunda, determinó que Howard era apto para ser juzgado, en parte porque su propio abogado defensor no llamó a su perito de parte.
La condena y los hechos del crimen
La defensa del acusado en el juicio no discutió la autoría del crimen. Su abogado, Tyrone Moncriffe, reconoció que su cliente mató a Swartout y sostuvo que padecía una enfermedad mental.
Mientras que el fiscal Perry Thomas contrarrestó ese argumento señalando la conducta metódica de Howard durante y después del hecho: «Jaló el gatillo apuntando a Vickie, y cuando el arma no disparó, amartilló el percutor y volvió a jalar el gatillo».
Durante el juicio, Thomas también reconstruyó: «Corrió a casa. Se sacó la gorra y la camisa. Se escondió en un clóset de una casa abandonada cercana. Sabe exactamente lo que hizo».
El ranger de Texas L.C. Wilson declaró en el juicio que cuando el asesino fue encontrado escondido en ese clóset —en la casa contigua a la de sus abuelos— «sonreía de oreja a oreja», según un archivo del Beaumont Enterprise.
Los jurados lo declararon culpable de homicidio capital tras menos de tres horas de deliberaciones y rechazaron la opción de encontrarlo no culpable por razón de insanía.
Contexto estadounidense: Florida lidera las ejecuciones en 2026
Si la ejecución de Howard se concreta, será el séptimo hombre ejecutado en Texas en lo que va del año. Otros dos están programados para antes del cierre de 2026: el siguiente en la lista es John Rubio, condenado por el asesinato de sus tres hijos en 2003, quien también impugnó judicialmente el uso del pentobarbital por parte del estado.
Florida encabeza el ranking nacional con 16 ejecuciones en 2026. La inyección letal sigue siendo el método principal en la mayoría de los estados que contemplan la pena capital.