Según el primer Monitor de la Reforma Laboral del Instituto Argentina Grande, desde marzo de 2026 se perdieron 36.000 empleos formales y cerraron 6.905 empresas. El informe señala 13 meses consecutivos de caída del empleo privado formal y un aumento de la informalidad al 45%.
La Reforma Laboral, puesta en marcha en marzo de 2026 bajo el objetivo oficial de «dinamizar la contratación registrada y promover la creación de empresas», acumula un saldo negativo desde su reglamentación. Desde su entrada en vigencia se perdieron 36.000 empleos formales y cerraron 6.905 empresas en la Argentina, según la primera edición del Monitor de la Reforma Laboral elaborado por el Instituto Argentina Grande (IAG).
El informe sostiene que los resultados se contraponen con las promesas iniciales de la denominada Ley de Modernización Laboral, al mostrar que la destrucción de puestos de trabajo y establecimientos continuó durante los primeros meses de vigencia del nuevo esquema.
El deterioro, de todos modos, viene de arrastre. De acuerdo con el IAG, se acumulan 13 meses consecutivos de caída en el empleo privado formal, con una pérdida total de 241.200 puestos de trabajo desde el cambio de gestión en noviembre de 2023.
La destrucción de empleo alcanzó a casi todos los sectores
El retroceso no se concentró únicamente en actividades que atraviesan una situación de debilidad. El informe remarcó que la destrucción de empleo privado es generalizada y también alcanzó a sectores considerados dinámicos, como la minería, el petróleo y la intermediación financiera.
En paralelo, la tasa de entrada de trabajadores al mercado formal cayó hasta un piso de 1,6% del total de ocupados, una dinámica que, según el estudio, ayuda a explicar la reducción sostenida de la masa asalariada.
Como contracara de la caída del empleo registrado, el mercado laboral mostró una mayor expansión de la informalidad. La tasa de desocupación se ubicó en 7,9%, mientras que la subocupación alcanzó el 11,5%. A su vez, la informalidad laboral escaló al 45% de los ocupados, el nivel más alto de la serie histórica de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).
El sector no registrado incorporó 348.000 trabajadores en el último año, principalmente a través del cuentapropismo. Actualmente, son más de 6 millones de personas las que trabajan en la informalidad en el país.
Cerraron más de 31.000 empresas desde el inicio de la gestión Milei
El deterioro también se refleja en la dinámica empresarial. Según el IAG, 31.342 empresas cerraron en todo el país desde el inicio de la actual gestión gubernamental, mientras que solamente en el último mes relevado por el Monitor se perdieron 709 firmas.
El impacto fue especialmente fuerte entre las pequeñas y medianas empresas. Las compañías de entre 1 y 10 empleados registraron una reducción del 6,8%, mientras que el 47% del total de los cierres correspondió a unidades productivas de hasta 100 trabajadores.
Por actividad, las mayores caídas netas se concentraron en Comercio, con 8.758 empresas menos; Transporte y almacenamiento, con 6.915; e Industria, con 4.158.
A nivel territorial, el cierre de establecimientos alcanzó a 23 de las 24 jurisdicciones. Las provincias del norte y de Cuyo aparecen entre las más afectadas, mientras que Neuquén fue la única excepción, con un saldo positivo de 72 empresas.
Prueba laboral y banco de horas, sin el efecto esperado
Al analizar las principales herramientas incorporadas por la reforma, el IAG cuestionó su capacidad para impulsar nuevas contrataciones.
«El aumento de los meses de prueba y el banco de horas no parecen haber sido suficiente ‘incentivo’ para que el sector privado contrate bajo este nuevo esquema legal», sostuvo el instituto en su informe.
La conclusión surge en un contexto en el que el empleo registrado continúa en retroceso y la incorporación de nuevos trabajadores al mercado formal se mantiene en niveles bajos.
Los salarios privados también perdieron contra la inflación
El informe también puso el foco sobre los ingresos. Desde la aprobación de la ley, el salario privado registrado acumula una caída real del 3,7% frente al promedio de enero-noviembre de 2023.
De acuerdo con el IAG, la pérdida alcanza al 8% cuando se contempla el IPC actualizado que no fue implementado por el Gobierno a comienzos de año.
La situación es todavía más marcada en el sector público nacional, donde, según el estudio, los salarios registraron una caída real del 37,8% en el mismo período.
FN/ML