Una denuncia por presunto abuso sexual contra una niña de tres años en un preescolar de Louisiana derivó en una investigación por divulgación indebida de información médica y en la salida de dos trabajadoras de sus puestos. El caso también impulsó la sanción de la ley Charlie’s Law, que refuerza medidas de seguridad en programas preescolares.
Un caso que comenzó con la denuncia de un presunto abuso sexual contra una niña de tres años en un preescolar de Louisiana derivó en una investigación por la divulgación indebida de información médica y en la salida de dos trabajadoras de sus puestos.
Claire Beaumont Poché, consejera profesional del Manning Family Children’s Hospital de Nueva Orleans, accedió al historial médico de la menor y compartió información con Emily France Poché, entonces directora del preescolar Kehoe-France y además su cuñada, según documentos judiciales y una declaración jurada obtenidos por The Guardian.
El hospital determinó posteriormente que se había producido una “divulgación indebida” contraria a sus políticas y procedimientos. Claire Poché confirmó durante una declaración judicial realizada en agosto que había sido despedida de la institución por violaciones al código de conducta.
Cómo comenzó el caso en el preescolar de Louisiana
Los padres de la menor, Jana y Roger Williams, sostienen en una demanda civil que su hija fue tocada de manera sexualmente abusiva por otro alumno de tres años mientras se encontraba en Kehoe-France, un colegio privado ubicado en el área de Nueva Orleans, en marzo de 2024.
La familia acusa al establecimiento de negligencia en la supervisión de la niña, algo que la institución niega. Después del presunto episodio, los padres llevaron a su hija al Manning Family Children’s Hospital para que fuera examinada.
Claire Poché trabajaba entonces como consejera en el hospital, pero reconoció que no formaba parte del equipo encargado de atender a la menor. Según declaró, se enteró de lo ocurrido a través de su cuñada y utilizó un protocolo de emergencia conocido como “break the glass” para acceder al historial clínico, pese a una restricción que le impedía consultarlo normalmente.
Durante el proceso judicial aparecieron mensajes de texto entre ambas mujeres. En uno de ellos, Claire preguntó a Emily si quería saber qué médica atendería a la niña y luego le proporcionó el nombre de la profesional. En otros intercambios discutieron aspectos relacionados con la visita de la menor al hospital.
Qué determinó la investigación del hospital
Roger Williams denunció ante LCMC, operador del hospital, que los registros médicos de su hija habían sido consultados y divulgados de manera indebida.
La institución abrió una investigación y posteriormente le envió una carta en la que concluyó que se había producido una “divulgación indebida”. Según el documento, un empleado comunicó a un tercero que la niña tenía una cita en el hospital y reveló la identidad del profesional que la atendería. También compartió que había pasado por el departamento de emergencias e información general sobre ese tipo de consulta.
El hospital aclaró que no se había divulgado “información clínica específica” y lamentó lo ocurrido. También informó que la persona involucrada ya no tenía acceso a ninguno de los sistemas de salud de LCMC.
Durante su declaración judicial, Claire confirmó que había sido despedida. Sin embargo, sostuvo que no consideraba que hubiera accedido al historial de forma inapropiada y señaló que le habían comunicado que su salida respondía a infracciones del código de conducta.
El caso podría abrir además interrogantes sobre un eventual incumplimiento de la ley federal de privacidad médica HIPAA, aunque hasta el momento no está establecido que las autoridades hayan determinado que existió una violación de esa normativa.
La directora del preescolar también dejó su puesto
La controversia alcanzó a Emily France Poché. Cuatro días antes de la fecha originalmente prevista para que declarara como testigo, la comunidad educativa recibió un correo en el que se anunciaba que dejaría de ser directora del preescolar y que ya no integraría el equipo administrativo. No se informó el motivo de su salida.
Emily afirmó posteriormente que se preocupa por el bienestar de la niña y de todos los alumnos de Kehoe-France. También cuestionó la utilización pública de mensajes que, según sostuvo, habían sido intercambiados entre familiares y amigos y estaban destinados a permanecer privados.
Kehoe-France, por su parte, aseguró que no coincide con las acusaciones presentadas contra la escuela y que continuará defendiéndose por la vía judicial. La institución afirmó que la seguridad y el bienestar de sus estudiantes constituyen su máxima prioridad.
Una denuncia que impulsó una nueva ley de seguridad infantil
El caso tuvo consecuencias más allá de los tribunales. Jana y Roger Williams dedicaron más de un año a promover una legislación destinada a reforzar las medidas de seguridad en los programas preescolares de Louisiana.
La iniciativa, conocida como Charlie’s Law, estableció, entre otras disposiciones, límites a la cantidad de niños por integrante del personal y nuevos requisitos para determinados establecimientos. La ley entró en vigor el 1° de agosto de 2025, aunque posteriormente fue modificada y algunos programas preescolares vinculados con escuelas privadas quedaron exceptuados de determinados requisitos de licencia.
La demanda civil presentada por la familia seguía sin resolverse al momento de la publicación de la investigación. Para los padres, la batalla legislativa se convirtió también en una forma de intentar evitar que otras familias atraviesen situaciones similares.
“Espero que el esfuerzo de mi familia con Charlie’s Law haya ayudado a alguien, aunque sea a un solo niño”, expresó Jana Williams. Sobre su hija, agregó que espera que algún día comprenda cuánto la aman y que hicieron todo lo posible por protegerla.