Durante su cena anual, la organización Poder Ciudadano sostuvo que en el país «pareciera que buscamos ampliar la impunidad» y mencionó iniciativas oficiales como la «inocencia fiscal» y cambios en el financiamiento de partidos. El presidente de la entidad, Martín D’Alessandro, citó el Índice de Percepción de la Corrupción que ubica a Argentina en el puesto 104 sobre 182 países.
La organización Poder Ciudadano realizó este martes su cena anual en el Hotel Sheraton de la Ciudad de Buenos Aires, con la presencia de más de 800 personas. Bajo el lema «las instituciones importan», su presidente, Martín D’Alessandro, pronunció un discurso en el que advirtió sobre la falta de políticas anticorrupción y afirmó que en Argentina «pareciera que buscamos ampliar la impunidad».
D’Alessandro sostuvo que «en nuestro país la corrupción sigue siendo una enfermedad endémica» y que «en las encuestas sigue en el tope de las preocupaciones de la ciudadanía».
El titular de Poder Ciudadano mencionó iniciativas gubernamentales como la denominada «inocencia fiscal», aprobada este año por el Congreso, y los cambios en la ley de financiamiento de los partidos políticos. Señaló que la versión original del proyecto de «inocencia fiscal» habilitaba que los funcionarios blanquearan dinero no declarado sin dar explicaciones. Asimismo, indicó que la reforma política libera los topes a las donaciones de campaña y permite campañas paralelas sin controles.
También cuestionó el gasto en agencias de inteligencia sin rendición de cuentas, los proyectos para reducir la cantidad de juzgados federales de Comodoro Py 2002 y los decretos que, según dijo, limitan el acceso a la información pública y la participación ciudadana en la designación de jueces.
En particular, se refirió al decreto 780/2024, firmado el 30 de agosto de 2024, que modificó la ley de acceso a la información pública para excluir del concepto de información pública los datos de «naturaleza privada» de los funcionarios y exigir que el solicitante demuestre un interés público comprometido. El segundo decreto mencionado es el 467/2026, firmado por el presidente Javier Milei junto al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, vigente desde el 16 de junio, que limita la participación de la ciudadanía en la designación de jueces de la Corte Suprema y de tribunales inferiores, del procurador y el defensor general, fiscales y defensores. El Gobierno argumentó que esas instancias se superponían con la publicidad, participación y audiencias públicas que ya prevé el reglamento del Senado.
D’Alessandro también hizo referencia al proyecto de ley relacionado con la sanción a empresas petroleras extranjeras que operan sin licencia argentina en el área de las Islas Malvinas. Afirmó que la iniciativa «busca limitar la libertad de opinión» y prevé penas de prisión por delitos definidos de manera ambigua, como las «campañas de desinformación masiva», lo que según él «nos acerca más a los modelos de Venezuela, Hungría y Nicaragua, que a Estados Unidos o Europa».
El presidente de Poder Ciudadano mencionó el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, que coloca a Argentina en el puesto 104 entre 182 países, con 36 puntos sobre 100, el peor resultado de los últimos diez años. Sostuvo que ese índice es el más consultado por los inversores globales y que, según el último informe de la OCDE, Argentina cayó al último lugar de la región en recepción de inversión extranjera. Agregó que la corrupción provoca una pérdida de entre el 8 y el 10% del PBI por año.
D’Alessandro también se refirió a la idea de que la corrupción desaparecerá con el achicamiento del Estado. Admitió que el exceso de regulaciones puede alimentarla, pero sostuvo que la desregulación sin criterio abre otras oportunidades. Recordó que al amparo de una desregulación para la importación de autos de lujo de alta gama, Poder Ciudadano denunció y se descubrió una maniobra de contrabando.
Entre los asistentes al evento se encontraban la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, Inés Weinberg; el procurador bonaerense Julio Conte Grand; los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens, Daniel Rafecas y Sebastián Casanello; los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola; y los magistrados de Casación Diego Barroetaveña, Mariano Borinsky y Daniel Petrone, junto con Guillermo Yacobucci. También estuvieron los fiscales Eduardo Taiano, Mario Villar y Claudio Navas Rial, y los dirigentes políticos Laura Alonso, Sebastián Lacunza, Ernesto Sanz, Alfonso Prat Gay, Sebastián Pareja, Sebastián Galmarini y Margarita Stolbizer. Asimismo, se encontraban el diputado Luis Petri con su pareja, la periodista Cristina Pérez.
D’Alessandro aclaró que Poder Ciudadano mantiene esta mirada «gobierne quien gobierne» y sostuvo que ningún resultado, política pública, ideología ni lealtad partidaria justifica correr los límites de la democracia o tolerar la corrupción, y que el crecimiento económico no garantiza por sí solo la estabilidad democrática.