Un abogado constitucionalista sostiene que el plan de ajuste del Poder Ejecutivo afecta el sustento, la distribución y el legado que la Constitución promete garantizar. El texto repasa indicadores de pobreza, empleo, financiamiento educativo y deuda externa.
Un abogado constitucionalista publicó un análisis en el que afirma que el Gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, lleva adelante un plan que «liquida o desvanece» el «contenido mínimo» que, según su interpretación, la Constitución promete garantizar. El texto fue difundido en el marco del tercer año de gestión.
El autor, doctor y posdoctor en Derecho (UBA), estructura su argumento en tres dimensiones: sustento, distribución y legado. Sostiene que sin esas tres dimensiones la Constitución «deja de ser un conjunto de reglas para una vida pacífica y digna».
En materia de sustento, el texto enumera una serie de indicadores: «la pobreza no se detiene, cae la inversión educativa, se deterioran la calidad de la salud y su infraestructura, y los salarios no alcanzan». Agrega que «desde diciembre de 2023 se pierden empleos registrados y cierran empresas», que «el salario mínimo, vital y móvil carece de esa condición», que «las jubilaciones y pensiones son desastrosas» y que «el acceso a la vivienda no existe».
Respecto de la distribución, el jurista afirma que «todo avanzó y avanza mediante decretos por razones de necesidad y urgencia antes que por leyes del Congreso». Señala que «la iniciativa presidencial se orienta hacia la concentración, en desmedro de la separación de funciones republicanas».
En cuanto al legado, menciona que «el financiamiento del Conicet y de las universidades quedó congelado en pesos de 2023, pese a una inflación acumulada de más de tres dígitos». Añade que «la deuda externa crece, igual que la agresión al ambiente natural, con licencias para una extracción a cielo abierto cada vez más brutal».
El texto cita al jurista Diego Valadés y su advertencia sobre el «postconstitucionalismo», definido como «un sistema de apariencias jurídicas que no son tales y que enmascaran realidades opuestas al Estado constitucional».
El autor concluye que «una Constitución no se mide por lo que un gobierno logra recortar, sino por lo que consigue garantizar y desarrollar». Y advierte que «una Constitución que conserva –solo en apariencia– algunos de sus procesos públicos, pero deteriora la sustancia de los más importantes, ya no es una Constitución viva: es una escenografía patética».
El análisis finaliza con una proyección electoral: «La motosierra sigue y volverá a las calles en 2027. No construye contenido mínimo: solo corta».